La Justicia uruguaya rechazó este jueves el recurso de prescripción presentado por la defensa de Charles Carrera, exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior durante la gestión del Frente Amplio. Esta determinación judicial implica que la causa penal contra él seguirá su curso y se encamina hacia un juicio oral, el cual se estima podría iniciarse a fines de 2026 o en febrero de 2027.

La magistrada Diovanet Olivera, titular del juzgado de Crimen Organizado, fue quien desestimó la solicitud de caducidad de los delitos imputados a Carrera. El fallo se produjo durante la audiencia de control de acusación, donde la Fiscalía y los abogados defensores del exsenador (MPP) comenzaron a exponer y debatir las pruebas y testigos que se presentarán en la instancia de juicio.

Para fundamentar su decisión, la jueza consideró que los hechos bajo investigación poseen un carácter continuado, y no un episodio único e inicial, como argumentaba la defensa de Carrera para solicitar la prescripción. De esta manera, se entiende que los delitos investigados se desarrollaron a lo largo de un período temporal determinado y no en un punto específico marcado por el primer acto imputado.

En concordancia con esta línea de razonamiento, la fiscal Sandra Fleitas, quien imputa a Carrera por presunta estafa y utilización de información privilegiada, sostiene que se trata de un delito continuado en el tiempo. La Fiscalía ha solicitado para Carrera una pena de cuatro años de penitenciaría, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por tres años y una sanción económica.

Carrera es investigado por el supuesto desvío de fondos y servicios del Ministerio del Interior. Estos recursos habrían sido destinados a proporcionar cobertura médica en el Hospital Policial a un hombre que resultó herido de bala en 2012 en La Paloma, Rocha, en un incidente donde el disparo provino del arma de un policía durante una reunión social. En aquel momento, Charles Carrera ocupaba la Dirección de Secretaría del Ministerio, cuya titularidad estaba a cargo de Eduardo Bonomi.

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha inaugurado una serie de innovadores módulos individuales destinados a ofrecer alojamiento a personas en situación de calle. Estas 24 unidades autónomas se ubican dentro de un refugio gestionado por el Mides y comparten áreas comunes esenciales como cocina, baños y comedor.

Daniel Gerhard, director de Protección Social del Mides, detalló que cada uno de estos compartimentos mide cinco metros cuadrados, está construido en metal y opera dentro de un centro de acogida con servicio las 24 horas.

Gerhard subrayó la importancia de estos espacios al calificarlos como «más personales e íntimos», resaltando su implementación como un avance crucial hacia la «diversificación del sistema de protección social» del país. A diferencia de los albergues tradicionales del Mides, que a menudo disponen de múltiples camas en grandes salas o gimnasios, estos módulos ofrecen una experiencia distinta.

Cada módulo está equipado con una cama, lencería adecuada, un área designada para almacenar objetos personales y la posibilidad de alojar también a sus mascotas, un aspecto novedoso.

El director explicó que la finalidad es «ampliar la oferta de servicios y optimizar la calidad de cada dispositivo, adaptándose a los diferentes perfiles, trayectorias y necesidades» de los usuarios. «Dado que la calle no es un sitio habitable, nuestro empeño es crear soluciones pertinentes para cada situación y persona, incentivando el ingreso voluntario como punto de partida para construir caminos hacia su reinserción», afirmó.

El Mides tiene previsto extender esta iniciativa, instalando más módulos similares en otros refugios y centros de acogida destinados a individuos en situación de calle.

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El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se presentó este miércoles ante empresarios de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa (15 de julio de 2026), donde, entre varios puntos, defendió la iniciativa incluida en la Rendición de Cuentas para consolidar y aumentar los fondos estatales destinados a las familias de menores ingresos para combatir la pobreza infantil.

Oddone enfatizó la complejidad y dificultad del problema de la pobreza en la niñez, señalando que el gobierno «está proponiendo un instrumento que unifica el sistema de transferencias y asigna más recursos». Reconoció que si bien esta medida «no es suficiente ni abarca todo lo necesario», representa «un camino que busca dar prioridad a un tema que todos declaramos preocuparnos, todos nos rasgamos las vestiduras en tiempos electorales, pero que no logramos resolver, o lo hacemos de forma fragmentada a través de distintos canales».

En el transcurso de su intervención, el ministro compartió una experiencia que lo tomó por sorpresa y lo dejó consternado: «Me he encontrado con algunas sorpresas, con personas de quienes jamás habría sospechado que me dirían: ‘no, esto que enfatizas de la niñez, son lúmpenes’. Personas relevantes. ¿Qué?»

Oddone contrastó esta postura con la falta de representación de los más vulnerables. Cuestionó que «esos niños o esos hogares no poseen el cabildeo, ninguno de ellos, para visitarme a mí. Ninguna de las personas que representan a esa gente se ha sentado una sola vez en mi despacho». En cambio, señaló que otros grupos «me piden rebajas de impuestos, beneficios tributarios a los que no tienen derecho. O gremios que me solicitan la imposición de un gravamen para financiar su actividad».

Finalmente, el ministro concluyó que Uruguay enfrenta un «desafío» significativo en las poblaciones más desfavorecidas, describiéndolo como una «bomba de tiempo». Abogó por dirigir los esfuerzos hacia allí, promoviendo una economía más estable y segura. Subrayó la necesidad de «empezar a andar sin muletas, a jugársela más por uno, a pensar menos en el Estado. Nosotros debemos pesar menos, ser más eficientes, reducir la presión —algo fácil de decir y difícil de hacer—, y atender a quienes realmente lo precisen».

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El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, insistió en la necesidad de aprobar la Rendición de Cuentas para la concreción de diversas iniciativas gubernamentales, destacando que el refuerzo de la fuerza policial con 300 nuevos cargos depende directamente de este instrumento legislativo. Vallcorba, en declaraciones realizadas este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, expresó su confianza en que la Rendición de Cuentas será aprobada, ya sea con el apoyo de Cabildo Abierto o de parlamentarios individuales del Partido Nacional o Colorado.

El jerarca abordó la consulta sobre la posibilidad de implementar el aumento de las transferencias a familias vulnerables para la infancia fuera de este marco legal. Si bien admitió que ciertos temas podrían hallar vías alternativas, fue categórico respecto a la creación de puestos policiales. Explicó que la única forma de generar nuevos cargos públicos es mediante la Ley de Presupuesto o la Rendición de Cuentas. Por ello, la falta de aprobación de esta última imposibilita el incremento de la presencia policial, una medida que, según él, responde a una demanda ciudadana generalizada.

Vallcorba también dedicó críticas a la oposición, refiriéndose a la conferencia de prensa en la que la Coalición Republicana anunció su rechazo al proyecto. Calificó el debate como de «mala calidad» y cuestionó la actitud «celebratoria» de los legisladores, aludiendo a fotografías y videos donde senadores como Andrés Ojeda, Javier García, Pedro Bordaberry y Sebastián Da Silva simulaban festejos tipo vikingo o se tomaban selfies. El subsecretario argumentó que este tipo de gestos desvirtúan un debate serio sobre prioridades centrales que, en principio, todos comparten, y que no contribuyen a una discusión constructiva sobre posibles mejoras o errores del gobierno.

Finalmente, Vallcorba se refirió a las críticas de blancos y colorados sobre los errores en las proyecciones de crecimiento económico del país. Defendió la gestión actual, señalando que la estimación de esta administración ha sido la que ha mostrado el menor margen de error en comparación con los cinco presupuestos previos, que abarcan desde 2005 hasta 2025, incluyendo gobiernos del Frente Amplio y el actual multicolor. Subrayó la naturaleza cambiante de la economía, que hace que las proyecciones sean inherentemente complejas y no un mero ejercicio de «adivinación», destacando que, dentro de esa complejidad, este gobierno ha sido el más preciso en sus pronósticos iniciales.

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Una mesa de diálogo se instaló a las 11 de la mañana de este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reuniendo al sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y a la dirección de la empresa que opera una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El encuentro busca solucionar un nuevo conflicto laboral en esta compañía internacional, socia del Estado a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

El gremio de TCP había iniciado un paro a las 7 de la mañana, con asamblea previa, para luego asistir a esta instancia de negociación ministerial. Debido a la medida, la empresa comunicó a clientes y operadores la suspensión de la recepción de camiones con mercadería hasta la reanudación de las actividades.

Desde el sindicato, se informó que la asamblea matutina aceptó la propuesta del Ministerio de establecer una “paz laboral”, lo que implica suspender futuras paralizaciones mientras se negocia diariamente hasta el 22 de julio. El objetivo es firmar un nuevo convenio colectivo. La principal demanda de los trabajadores es asegurar un mínimo de 25 jornales mensuales para cada uno.

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