En un contexto de elevada tensión en Medio Oriente, marcado por los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán y las subsiguientes represalias de Teherán, la organización B’nai B’rith ha emitido un comunicado. La declaración, fechada el 1 de marzo de 2026, a las 10:52hs, llega mientras rescatistas trabajan en zonas afectadas por los ataques iraníes en Israel (Foto: AFP).

La organización expresa una clara y sincera solidaridad con las poblaciones que hoy enfrentan la creciente amenaza de la República Islámica de Irán. Subraya que el destino de la región, y la aspiración de sus comunidades a vivir en paz, pende de un hilo ante la influencia del régimen iraní. El texto enfatiza que la complejidad de la situación actual exige transparencia, un fuerte sentido de responsabilidad y una postura firme en la defensa de la seguridad.

Según la B’nai B’rith, el régimen iraní ha sido un factor clave en la desestabilización de la zona. Esto se manifiesta a través del financiamiento y apoyo a grupos armados no estatales, además del desarrollo de un programa nuclear que suscita una honda inquietud en la comunidad internacional.

El comunicado también aborda la situación interna de Irán, caracterizada por severas restricciones, represión y un elevado costo humano. Mantener una posición inequívoca ante la opresión interna y la injerencia externa constituye un imperativo ético. La B’nai B’rith sostiene que la seguridad global y la vigencia de los derechos humanos son aspectos intrínsecamente ligados. Solo un marco basado en el derecho, el respeto a la vida y la dignidad individual puede ofrecer una vía sostenible para resolver las actuales fricciones.

En estos momentos críticos, la organización aboga por la serenidad, la firmeza y la unidad. Se proyecta un futuro en el que Israel pueda disfrutar de seguridad y el terrorismo, con el respaldo del régimen iraní, cese de amenazar la estabilidad en la región y a nivel mundial.

Cabe destacar, en una información relacionada, que el personal uruguayo desplegado en Medio Oriente se encuentra «en buenas condiciones», según reportó el Ejército Nacional.

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Organizaciones como el Frente Amplio, el PIT-CNT, Fucvam, la FEUU y Serpaj, entre otras, impulsaron y llevaron a cabo este sábado 28 de febrero de 2026 una caravana vehicular en apoyo a Cuba. La movilización, que se desarrolló entre las 10 y las 13 horas, partió de diversos puntos de Montevideo, San José y Canelones con destino al Palacio Legislativo. Esta iniciativa, denominada «caravana por la paz y contra el bloqueo imperialista, solidaridad con Cuba», surgió en un contexto de elevada tensión en las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno cubano. Al pasar frente a la embajada estadounidense en la rambla, los participantes depositaron banderas cubanas en los canteros. Además de las enseñas cubanas, se observaron banderas de Venezuela, Palestina e Irán durante el recorrido. La convocatoria a esta movilización se dio luego de recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. Tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas militares de Estados Unidos, Trump había afirmado que el «régimen comunista» cubano tenía sus días contados. En las horas previas a la caravana, el mandatario estadounidense sumó que su meta era lograr un «control amistoso» en Cuba, previendo una transición pactada con las autoridades vigentes. En este escenario, tanto el PIT-CNT como el Frente Amplio, junto a diversas organizaciones sociales, impulsaron esta caravana que atravesó distintas áreas de Montevideo y su zona metropolitana. La jornada concluyó a las 13 horas con una concentración y un acto frente al Palacio Legislativo.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó el viernes pasado la decisión de iniciar la aplicación provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta determinación se toma a pesar de que el Parlamento Europeo había elevado el texto del tratado al Tribunal de Justicia para que evaluara su legalidad.

La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, explicó que esta resolución de índole política por parte de la Comisión Europea era anticipada. Su concreción, según indicó, fue posible gracias a la ratificación del pacto por parte de los parlamentos de Uruguay y, posteriormente, de Argentina. Esta acción legislativa habilitó a Von der Leyen a proceder con la aplicación transitoria del acuerdo, una medida que, según Csukasi, se materializará “a mediados de año”, declaraciones realizadas el viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Esto implica que, en lugar de aguardar dos años la resolución del Tribunal de Justicia Europeo, el acuerdo será una realidad en cuestión de pocos meses”, afirmó la jerarca.

La reciente determinación europea impulsa la necesidad de agilizar las negociaciones internas del Mercosur con el fin de distribuir las cuotas de acceso al mercado de la UE entre sus miembros: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

“Las conversaciones sobre la asignación de cuotas en el seno del Mercosur darán inicio en marzo. Es imperativo acelerar y establecer estas definiciones, ya que no existe la opción de no repartirlas. Existe una obligación formal de informar a la Unión Europea sobre la distribución acordada”, detalló la viceministra de Relaciones Exteriores.

Csukasi añadió que “se trata de una negociación intrincada, y el tiempo apremia. Si el acuerdo entrará en vigencia antes de la mitad del año, el propio texto establece que 90 días después de su implementación, el Mercosur debe comunicar a la Unión Europea el esquema de distribución de dichas cuotas. Esto nos deja solo unos pocos meses para resolver las decisiones pendientes”.

Respecto a las cuotas, la jerarca anticipó que la carne representará el punto más álgido de la negociación intramerco sur, debido al alto interés y valor que le atribuyen los cuatro países miembros. Otras cuotas, como las de arroz, lácteos o aceites, podrían implicar discusiones menos complejas al concentrar el interés en uno, dos o tres socios.

Csukasi subrayó el objetivo de alcanzar un “resultado equilibrado” para todos los integrantes del Mercosur, concluyendo que “si bien todos aspiramos al mejor desenlace posible, esto inherentemente genera tensiones en cualquier proceso de negociación”.

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La Junta Departamental de Colonia ha revocado una normativa vigente desde mayo de 2004, la cual reglamentaba el desempeño de los cuidacoches en la región. Esta decisión, tomada el 26 de febrero de 2026, se traduce en una efectiva prohibición de dicha actividad.

La iniciativa prosperó exclusivamente con el respaldo del Partido Nacional, mientras que el Frente Amplio manifestó su desacuerdo. El único representante del Partido Colorado no se encontraba presente durante la votación. Según argumentaron los ediles nacionalistas, la ordenanza era «inválida» debido a que «depositaba la responsabilidad de la seguridad y supervisión vehicular en los propios cuidacoches».

Consultado sobre la determinación de la Junta, el intendente Guillermo Rodríguez indicó que la medida requiere promulgación para entrar en vigor y enfatizó la necesidad de un «diálogo con la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Jefe de Policía». Rodríguez manifestó que «asuntos de esta naturaleza deben debatirse colectivamente», ya que este proyecto se originó en la propia Junta y no fue una propuesta del gobierno departamental. Mencionó que se realizaron consultas con representantes del Mides, diversas organizaciones sociales y el área de Tránsito de la Intendencia, y afirmó la disposición a «dialogar siempre para alcanzar un resultado favorable». Además, subrayó que no se han registrado quejas al respecto y que existe un «análisis exhaustivo» de la situación.

El intendente Rodríguez también señaló que, conforme a la derogada ordenanza de 2004, «la Intendencia asumía la responsabilidad total ante cualquier incidente que pudiera ocurrir entre un cuidacoches y un vehículo».

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En los meses de enero y febrero, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y OSE identificaron que algunas muestras de agua en Montevideo registraron concentraciones de trihalometanos que exceden el umbral permitido. Consultado por Subrayado, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, aseguró que esta situación es un suceso “habitual” durante la temporada estival debido a diversas causas, y enfatizó que esto “refuerza la necesidad de contar con la represa de Casupá”.

Los trihalometanos son compuestos químicos generados durante el proceso de desinfección del agua con cloro, resultantes de la reacción del desinfectante con materia orgánica o bromuros presentes. Según información de OSE, la entidad realiza controles de manera sistemática: semanalmente en la planta de Aguas Corrientes, en Canelones, y mensualmente en puntos clave de Montevideo.

Ferreri detalló a Subrayado que cada verano se presentan eventos relacionados con estos compuestos. Explicó que, en esta ocasión, hubo un incidente particular vinculado al color del agua, lo que motivó ajustes en el esquema de tratamiento para que todos los parámetros relevantes se mantuvieran dentro de la normativa, un objetivo que, según destacó, fue alcanzado. El titular de OSE señaló que el aumento de la cloración, junto con las altas temperaturas, contribuyó a que en ciertos momentos los valores de trihalometanos fueran más elevados, afirmando que se adhieren a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, el presidente de OSE mencionó que la situación también está ligada a un uso más intensivo del trasvase de aguas desde la zona baja de la planta de Aguas Corrientes. Esta medida se implementa con el fin de preservar las reservas de Paso Severino, considerando el actual déficit hídrico. Un informe oficial de OSE y Ursea con los detalles de estos hallazgos está disponible.

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