El Ministerio de Ambiente ha determinado aplicar una sanción económica a la empresa responsable de realizar una prospección sísmica sin los permisos correspondientes en aguas territoriales de Uruguay. Fuentes oficiales indicaron que la resolución sobre la multa, así como los fundamentos que la sustentan, ya fueron debidamente comunicados a la compañía implicada. Actualmente, la cartera ministerial aguarda la presentación de los descargos y argumentos por parte de la empresa para analizarlos en detalle y, con base en toda la información recopilada, definir la concreción definitiva de la penalidad.

Según las mismas fuentes consultadas, la multa establecida por llevar a cabo esta prospección sísmica sin la debida autorización se proyecta en una suma que estaría ligeramente por debajo de los 50.000 dólares estadounidenses.

Fue a mediados de abril cuando el gobierno, a través de la Armada Nacional, inició una investigación para establecer si el buque noruego «SW Empress» había efectuado efectivamente labores de prospección sísmica en el mar territorial uruguayo sin consentimiento, una situación confirmada entonces por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. El ministro había señalado previamente que, de acuerdo con la información suministrada inicialmente por la propia empresa, se había planteado que dicha prospección se llevaría a cabo en aguas de carácter internacional.

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El Gabinete Ministerial, bajo la dirección del presidente Yamandú Orsi, sesionó este martes, 28 de abril de 2026, a partir de las 10 de la mañana. El objetivo central de la reunión fue examinar las conclusiones y las sugerencias resultantes del diálogo social en torno a posibles ajustes en el sistema de pensiones, lo que contempla revisiones a las AFAP.

Previo al encuentro, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, adelantó que «hoy se presentarían y posteriormente se analizarían las conclusiones» ante el Consejo de Ministros. Sánchez enfatizó en el programa Arriba Gente de Canal 10 que «no se prevé un cambio estructural en el sistema». Por el contrario, señaló que el proceso de diálogo social «culmina fortaleciendo el sistema basado en tres pilares, incluyendo el ahorro individual» administrado por las AFAP.

El secretario de Presidencia detalló que, una vez analizado el informe proveniente del diálogo social, el Consejo procederá a «diseñar un conjunto de propuestas para su posterior remisión al Parlamento». Explicó que el diálogo arrojó «tanto consensos como disensos», por lo que ahora corresponde al Poder Ejecutivo «evaluar y remitir una o varias iniciativas de ley». Aclaró que «no es indispensable que todo se integre en una única legislación», subrayando que las conclusiones y recomendaciones del proceso de diálogo social sirven como «guía para la elaboración de los instrumentos jurídicos pertinentes».

Entre las sugerencias más relevantes, Sánchez resaltó dos que considera particularmente beneficiosas. La primera es la opción de permitir que los ciudadanos, en caso de necesidad, puedan acceder a la jubilación a los 60 años, en lugar de aguardar hasta los 65. Aunque la edad de retiro general permanecerá en 65 años, se establecería una condición especial de jubilación anticipada a los 60 para individuos de bajos recursos que, por ejemplo, no logren mantener un empleo estable hasta los 65. La segunda recomendación destacada por Sánchez apunta a la unificación de las ayudas económicas destinadas a familias o personas de escasos recursos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este lunes, 27 de abril de 2026, a los cinco homicidios registrados durante el fin de semana. Aunque admitió que no están satisfechos con los resultados actuales, aseguró que las políticas implementadas están dando frutos, evidenciado por la disminución de delitos como homicidios, hurtos, rapiñas y abigeato.

Sánchez destacó que en 2025 se observó una reducción en la criminalidad tanto en comparación con 2024 como, y lo consideró más significativo, frente a la tendencia constante de crecimiento de los delitos durante las últimas dos décadas. No obstante, enfatizó que esta mejora no es motivo de conformidad, especialmente ante actos de violencia extrema, y reafirmó la necesidad de redoblar esfuerzos y mostrar empatía con las víctimas y sus familias.

Ante las objeciones de la oposición, incluyendo al diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, quien cuestionó la veracidad de las estadísticas gubernamentales, el secretario respondió con contundencia. Afirmó que, «independientemente de cómo se midan los datos, y utilizando los mismos parámetros del gobierno precedente, hay menos delitos que los registrados en aquel período». Aclaró, sin embargo, que esta reducción no es suficiente, dado que los niveles de violencia y delincuencia siguen siendo elevados, lo que exige una continua labor.

Respecto a las recientes estadísticas de seguridad del Ministerio del Interior y el panorama de las últimas dos décadas, Sánchez reiteró que se está recorriendo «un camino que está logrando cambiar la tendencia», aunque enfatizó la necesidad de seguir profundizando. A su juicio, es fundamental «fortalecer lo que está dando resultados», y consideró que el hecho de haber revertido una dinámica de «solo crecimiento de los delitos» que se mantuvo por 20 años, para ahora ver una disminución, indica que «se están haciendo algunas cosas bien». Este análisis se basa en las cifras difundidas por el Ministerio del Interior, que comparan el cierre de 2025 con los años 2024, 2020 y 2015, así como en reportes anteriores del gobierno de Lacalle Pou presentados en enero de 2025.

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