La clase política uruguaya manifestó su profunda consternación y preocupación ante el asesinato de cinco personas ocurrido el pasado viernes en el barrio El Monarca. Las reacciones generaron de inmediato cuestionamientos hacia la administración actual, especialmente por parte de figuras de la oposición, que señalaron una presunta falta de control sobre la situación de seguridad.

El senador colorado Robert Silva utilizó sus redes sociales para criticar la estrategia gubernamental, indicando que el país no puede ser gestionado con «contenido audiovisual engañoso y polarizador». Instó a los responsables a asumir sus obligaciones, advirtiendo que «la situación actual está escalando sin control». En la misma línea, el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, dirigió sus críticas directamente al titular de la cartera, Carlos Negro. Martinelli cuestionó públicamente al Presidente si no era posible encontrar a un ministro «que posea la capacidad requerida para el cargo que ostenta».

El diputado nacionalista Pablo Abdala también se sumó a las críticas contra el Ministerio del Interior. Abdala señaló que el trágico suceso pone de manifiesto «un incremento preocupante de la violencia mortal, evidenciando una escalada en los enfrentamientos entre bandas y los ajustes de cuentas criminales». Agregó que «el gobierno y el Ministerio del Interior no están consiguiendo manejar eficazmente este escenario».

Desde la coalición de izquierda, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó el incidente de «extremadamente doloroso», subrayando que «la vida es el principio fundamental a salvaguardar para quienes profesan valores humanistas», ya sea en un homicidio o en un caso tan grave como este. Pereira reconoció que «hasta el momento, ninguna de las fuerzas políticas ha logrado una solución definitiva a este problema». No obstante, destacó que «Uruguay cuenta ahora con un Plan Nacional de Seguridad Pública que se implementará para abordar esta problemática».

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TÍTULO: Cuando la Rendición de Cuentas estuvo en vilo: el dilema del reloj y la solución de la «ley capicúa»

CUERPO:
En el escenario político actual, surge la interrogante sobre las implicaciones de la falta de votos para la Rendición de Cuentas del gobierno. Esta situación, aunque no sin precedentes, pone de manifiesto la relevancia de un mecanismo profundamente arraigado en la historia uruguaya, establecido desde la Constitución de 1830. En aquella carta magna, el artículo 82 encomendaba al Presidente velar por la recaudación e inversión de las rentas y contribuciones públicas, exigiendo un informe anual detallado sobre los gastos del ejercicio previo. Originalmente, esto implicaba un presupuesto anual, donde el gobierno presentaba sus proyecciones para el año venidero y rendía cuentas del anterior. La Constitución de 1952 modernizó este sistema, estableciendo presupuestos plurianuales complementados con rendiciones de cuentas anuales.

Aunque la normativa no exige explícitamente la aprobación de la Rendición de Cuentas per se (un aval parlamentario es deseable por principios republicanos, mas no mandatorio), los gobiernos suelen utilizar este instrumento legislativo para introducir modificaciones presupuestales con aplicación para el siguiente ejercicio. Es precisamente esta faceta la que sí demanda la aprobación legislativa. La Coalición Republicana, en el contexto actual, ha manifestado su decisión de no respaldar la propuesta gubernamental.

**¿Qué antecedentes existen?**
A lo largo de la historia democrática reciente, especialmente desde las elecciones de 1954, los gobiernos minoritarios han recurrido a la negociación para asegurar los votos necesarios tanto para el Presupuesto como para las subsiguientes rendiciones. No obstante, hubo una notable excepción a esta regla.

Esta excepción ocurrió en 1986, en referencia a la Rendición de Cuentas correspondiente a 1985. Las conversaciones entre el Partido Colorado, en el oficialismo con el presidente Julio María Sanguinetti y el vicepresidente Enrique Tarigo, y el Partido Nacional (Blancos), representado por operadores wilsonistas y el senador Guillermo García Costa, se extendieron por semanas en un clima de tensión. Un punto central de desacuerdo fue la propuesta de redistribución de funcionarios públicos, impulsada por Rubén Correa Freitas, director de Servicio Civil en ese momento, la cual era rechazada por los nacionalistas y obstaculizaba el acuerdo.

Las negociaciones se prolongaron hasta el límite del plazo constitucional en el Senado. Incluso se recurrió a la práctica de detener el reloj de la Cámara Alta para ganar tiempo, un gesto que en otras ocasiones había facilitado acuerdos y quitado dramatismo a la situación. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de los esfuerzos que se extendieron hasta la medianoche, no se lograron los votos necesarios.

**La «ley capicúa» como solución**
La salida a este impasse llegó días después, a través de lo que Ariel Davrieux, entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, denominó la «ley capicúa». Los partidos Colorado y Blanco concertaron una solución alternativa: un proyecto de ley separado que incorporaba los elementos que no habían podido ser aprobados dentro del marco de la Rendición de Cuentas original.

Este nuevo proyecto, que obtuvo el respaldo necesario, fue finalmente promulgado por el Poder Ejecutivo en la víspera de Navidad de 1986. Constó de 231 artículos y se registró como la Ley N.º 15.851, titulada «Se aprueban normas para asegurar el funcionamiento de los servicios estatales». El apelativo de «ley capicúa» se atribuyó a su numeración, y su artículo inicial dejaba en claro su propósito: «Las partidas establecidas en la presente ley son con cargo a los recursos de Rentas Generales previstos para financiar la Rendición de Cuentas de 1985 y a valores del 1º de enero de 1986».

La esencia del poder parlamentario radica en la autorización de los gastos e impuestos, reflejo de la voluntad de la mayoría. Aunque el gobierno actual no enfrenta la amenaza de quedarse sin presupuesto, cualquier intención de incrementar gastos o establecer nuevos impuestos requiere una aprobación legislativa. Para ello, necesita los dos votos adicionales en la Cámara de Diputados, que, según fuentes cercanas al Palacio Legislativo, podrían provenir de los legisladores del partido Cabildo Abierto.

Esta crónica se basa en una actualización de una columna publicada por Nelson Fernández en El Observador en febrero de 2017.

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Los partidos que conforman la coalición de oposición (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente) se reunirán este jueves por la mañana para determinar si respaldan o no el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Esta iniciativa, enviada por el gobierno al Parlamento, contempla un incremento del gasto estatal de 31 millones de dólares para el año 2027, con énfasis en la pobreza infantil, la seguridad pública y el apoyo a personas en situación de calle.

Las deliberaciones de las fuerzas políticas se extenderán durante la mañana, y se espera que la decisión sobre el voto de la Rendición de Cuentas sea comunicada después del mediodía. Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, subrayó la importancia de la unidad en la decisión, afirmando: «Lo crucial es un sí o un no a la Rendición, con toda la coalición unida».

Ojeda adelantó su perspectiva, señalando que «resulta muy complejo que el voto sea afirmativo» al considerar el antecedente de la interpelación, donde «prácticamente todo el Senado hizo reparos al ministro Oddone por las inconsistencias del Presupuesto». Recordó que hubo un «gran debate» en torno a las proyecciones económicas. «El analista de mayor prestigio en Uruguay se convierte en ministro y hace un pronóstico de crecimiento de casi 3 puntos. Si bien no soy economista, todos los especialistas consultados nos indicaron que la cifra real se acercaría a un punto menos de lo que el ministro afirmaba; recomendaban ser más cautelosos», explicó.

En este contexto, el senador resaltó que, al revelarse los datos reales de crecimiento económico, «estos se asemejaron más a lo que preveía el ámbito analítico que el sector gubernamental». Añadió: «Nos encontramos en una encrucijada. Aprobar esta Rendición implicaría validar una proyección deficiente y un gasto que parece más una aspiración que una estimación basada en la realidad. Por ello, francamente, veo escasas posibilidades de que la coalición otorgue su apoyo, aunque se discutirá esta mañana y no pretendo adelantar nuestra resolución final».

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Este miércoles 8 de julio de 2026, los sindicatos de empleados de empresas estatales llevarán adelante un cese de actividades entre las 9 y las 13 horas, medida que en algunos entes se extenderá durante toda la jornada. La jornada de protesta incluirá una marcha que comenzará a las 10 de la mañana desde Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno), y avanzará por la avenida 18 de Julio hasta el cruce con Colonia y Paraguay. En este punto, se realizará el acto central frente al Ministerio de Economía, cerca del mediodía.

A raíz de esta movilización, se han implementado cortes de calle y desvíos de tránsito en la avenida 18 de Julio y la calle Colonia, específicamente en el tramo comprendido entre Paraguay y Río Negro.

Salvador Sprovieri, dirigente sindical de Ancap, explicó al programa Arriba Gente que el fundamento de esta acción se basa en “diez años de recortes en las empresas públicas”. Los gremios de funcionarios de empresas y entidades públicas solicitan al gobierno un mayor presupuesto para inversiones, el ingreso de nuevo personal y la cobertura de puestos vacantes. Además, Sprovieri denunció la “precarización laboral” y demandó “la regularización de los funcionarios tercerizados que cumplen tareas permanentes”.

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Un debate acalorado se desató en el Parlamento uruguayo debido a la situación de la vivienda del presidente Yamandú Orsi. La controversia gira en torno a obras no registradas ante la Dirección Nacional de Catastro y un atraso de un año en el pago del Impuesto de Primaria, saldado recientemente por el mandatario tras una consulta periodística. Este asunto provocó un fuerte intercambio entre el senador oficialista Daniel Caggiani (Frente Amplio) y el opositor Sebastián Da Silva (Partido Nacional).

El senador Daniel Caggiani defendió al presidente Orsi, explicando que la información sobre las obras surgió de la prensa. Detalló que los trabajos en el patio de la casa de Orsi se realizaron cuando este era intendente y que, si bien fueron declarados ante el Banco de Previsión Social con los aportes correspondientes, actualmente se encuentran en proceso de regularización. Caggiani minimizó la importancia del asunto, calificándolo de «oportunismo» de la oposición para vincularlo con decisiones gubernamentales sobre ajustes tributarios para transnacionales, lo que consideraría antiético. Afirmó que la deuda del Impuesto de Primaria fue un «retraso» ya solucionado, y sugirió no exagerar la situación, calificándola de «tormenta en un vaso de agua».

El legislador enfatizó la importancia de tener autoridades que cumplan sus obligaciones y piensen en la ciudadanía. Concluyó con una crítica jocosa a algunos miembros de la oposición, a quienes comparó con personas «rabiosas» contra el gobierno y el presidente, sugiriendo la inclusión de una vacuna contra la rabia en el catálogo de vacunación.

En respuesta, el senador Sebastián Da Silva arremetió contra el oficialismo, acusando a sus dirigentes de «amar el Estado y vivir de él», y de ser exigentes con la regulación ciudadana, pero negligentes en el cumplimiento de sus propias obligaciones. Da Silva describió la situación como «depresiva», criticando que el Frente Amplio cree nuevos impuestos mientras sus figuras no cumplen con los existentes. Recordó el pasado de Orsi como intendente de Canelones durante dos décadas, señalándolo como impulsor de políticas de «persecución» contra ciudadanos por reformas en sus propiedades, contrastando esto con su propia situación.

El senador calificó la situación de «patética» y «de terror», mencionando casos anteriores de jerarcas oficialistas con problemas tributarios, como una ministra de Vivienda, y destacando el caso de Orsi como «el colmo». Insinuó, además, que la filtración de la información podría haber surgido de las propias filas del Frente Amplio, por descontento interno con el actual gobierno.

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