El titular de la cartera de Trabajo, Juan Castillo, confirmó la citación a la empresa BASF para una reunión a realizarse el próximo viernes, a raíz de la divulgación sobre una significativa reducción en su plantilla de personal.
Castillo expresó su malestar por la falta de comunicación formal por parte de la compañía. Subrayó que, a pesar de la amplia difusión mediática de la noticia durante los últimos dos o tres días, el ministerio no había recibido ninguna notificación oficial por parte de los empleadores. Fue esta omisión la que motivó el contacto y la posterior convocatoria a BASF para el encuentro del viernes.
El objetivo principal de la reunión es obtener detalles precisos sobre la magnitud de los ajustes previstos, incluyendo el número exacto de despidos o la aplicación de seguros de desempleo.
Interrogado sobre los argumentos de altos costos esgrimidos por el sector empresarial, el ministro declinó emitir un juicio definitivo. Señaló que si las razones se vinculan a aspectos económicos como la divisa o el valor del dólar, esas discusiones corresponden a otras instancias gubernamentales. Aclaró que, si bien está dispuesto a involucrarse, la premisa fundamental es la notificación temprana, y no el aviso posterior, especialmente cuando se prevé una afectación de un porcentaje significativo de la fuerza laboral, como un 20 o 30 por ciento.
En contraposición, Castillo afirmó que la competitividad del país reside en la calidad y capacitación de sus trabajadores, la seguridad jurídica y la seriedad de sus actores sociales, abarcando tanto a las cámaras empresariales como a las organizaciones sindicales.
El jerarca aprovechó la oportunidad para destacar la relevancia de una iniciativa legislativa en la que su cartera viene trabajando. Se trata de un proyecto que busca obligar a las empresas a notificar con antelación cualquier plan de despidos colectivos o cierres de operaciones. Castillo informó que el borrador final, elaborado junto al subsecretario Dr. Hugo Barreto, ya se encuentra en fase de revisión legal y será entregado al presidente de la República, Orsi, en los próximos días, para luego ser presentado al Parlamento.
«Nuestro país no debería enterarse de situaciones tan relevantes para sus trabajadores y su economía a través de rumores», sentenció Castillo. Hizo hincapié en que existen mecanismos y herramientas que deben ser activados para asegurar que el Estado y la ciudadanía uruguaya estén informados con anticipación sobre cualquier medida empresarial que pudiera tener un impacto significativo en el empleo y la economía nacional.
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