El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, insistió en la necesidad de aprobar la Rendición de Cuentas para la concreción de diversas iniciativas gubernamentales, destacando que el refuerzo de la fuerza policial con 300 nuevos cargos depende directamente de este instrumento legislativo. Vallcorba, en declaraciones realizadas este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, expresó su confianza en que la Rendición de Cuentas será aprobada, ya sea con el apoyo de Cabildo Abierto o de parlamentarios individuales del Partido Nacional o Colorado.

El jerarca abordó la consulta sobre la posibilidad de implementar el aumento de las transferencias a familias vulnerables para la infancia fuera de este marco legal. Si bien admitió que ciertos temas podrían hallar vías alternativas, fue categórico respecto a la creación de puestos policiales. Explicó que la única forma de generar nuevos cargos públicos es mediante la Ley de Presupuesto o la Rendición de Cuentas. Por ello, la falta de aprobación de esta última imposibilita el incremento de la presencia policial, una medida que, según él, responde a una demanda ciudadana generalizada.

Vallcorba también dedicó críticas a la oposición, refiriéndose a la conferencia de prensa en la que la Coalición Republicana anunció su rechazo al proyecto. Calificó el debate como de «mala calidad» y cuestionó la actitud «celebratoria» de los legisladores, aludiendo a fotografías y videos donde senadores como Andrés Ojeda, Javier García, Pedro Bordaberry y Sebastián Da Silva simulaban festejos tipo vikingo o se tomaban selfies. El subsecretario argumentó que este tipo de gestos desvirtúan un debate serio sobre prioridades centrales que, en principio, todos comparten, y que no contribuyen a una discusión constructiva sobre posibles mejoras o errores del gobierno.

Finalmente, Vallcorba se refirió a las críticas de blancos y colorados sobre los errores en las proyecciones de crecimiento económico del país. Defendió la gestión actual, señalando que la estimación de esta administración ha sido la que ha mostrado el menor margen de error en comparación con los cinco presupuestos previos, que abarcan desde 2005 hasta 2025, incluyendo gobiernos del Frente Amplio y el actual multicolor. Subrayó la naturaleza cambiante de la economía, que hace que las proyecciones sean inherentemente complejas y no un mero ejercicio de «adivinación», destacando que, dentro de esa complejidad, este gobierno ha sido el más preciso en sus pronósticos iniciales.

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Una mesa de diálogo se instaló a las 11 de la mañana de este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reuniendo al sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y a la dirección de la empresa que opera una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El encuentro busca solucionar un nuevo conflicto laboral en esta compañía internacional, socia del Estado a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

El gremio de TCP había iniciado un paro a las 7 de la mañana, con asamblea previa, para luego asistir a esta instancia de negociación ministerial. Debido a la medida, la empresa comunicó a clientes y operadores la suspensión de la recepción de camiones con mercadería hasta la reanudación de las actividades.

Desde el sindicato, se informó que la asamblea matutina aceptó la propuesta del Ministerio de establecer una “paz laboral”, lo que implica suspender futuras paralizaciones mientras se negocia diariamente hasta el 22 de julio. El objetivo es firmar un nuevo convenio colectivo. La principal demanda de los trabajadores es asegurar un mínimo de 25 jornales mensuales para cada uno.

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La clase política uruguaya manifestó su profunda consternación y preocupación ante el asesinato de cinco personas ocurrido el pasado viernes en el barrio El Monarca. Las reacciones generaron de inmediato cuestionamientos hacia la administración actual, especialmente por parte de figuras de la oposición, que señalaron una presunta falta de control sobre la situación de seguridad.

El senador colorado Robert Silva utilizó sus redes sociales para criticar la estrategia gubernamental, indicando que el país no puede ser gestionado con «contenido audiovisual engañoso y polarizador». Instó a los responsables a asumir sus obligaciones, advirtiendo que «la situación actual está escalando sin control». En la misma línea, el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, dirigió sus críticas directamente al titular de la cartera, Carlos Negro. Martinelli cuestionó públicamente al Presidente si no era posible encontrar a un ministro «que posea la capacidad requerida para el cargo que ostenta».

El diputado nacionalista Pablo Abdala también se sumó a las críticas contra el Ministerio del Interior. Abdala señaló que el trágico suceso pone de manifiesto «un incremento preocupante de la violencia mortal, evidenciando una escalada en los enfrentamientos entre bandas y los ajustes de cuentas criminales». Agregó que «el gobierno y el Ministerio del Interior no están consiguiendo manejar eficazmente este escenario».

Desde la coalición de izquierda, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó el incidente de «extremadamente doloroso», subrayando que «la vida es el principio fundamental a salvaguardar para quienes profesan valores humanistas», ya sea en un homicidio o en un caso tan grave como este. Pereira reconoció que «hasta el momento, ninguna de las fuerzas políticas ha logrado una solución definitiva a este problema». No obstante, destacó que «Uruguay cuenta ahora con un Plan Nacional de Seguridad Pública que se implementará para abordar esta problemática».

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TÍTULO: Cuando la Rendición de Cuentas estuvo en vilo: el dilema del reloj y la solución de la «ley capicúa»

CUERPO:
En el escenario político actual, surge la interrogante sobre las implicaciones de la falta de votos para la Rendición de Cuentas del gobierno. Esta situación, aunque no sin precedentes, pone de manifiesto la relevancia de un mecanismo profundamente arraigado en la historia uruguaya, establecido desde la Constitución de 1830. En aquella carta magna, el artículo 82 encomendaba al Presidente velar por la recaudación e inversión de las rentas y contribuciones públicas, exigiendo un informe anual detallado sobre los gastos del ejercicio previo. Originalmente, esto implicaba un presupuesto anual, donde el gobierno presentaba sus proyecciones para el año venidero y rendía cuentas del anterior. La Constitución de 1952 modernizó este sistema, estableciendo presupuestos plurianuales complementados con rendiciones de cuentas anuales.

Aunque la normativa no exige explícitamente la aprobación de la Rendición de Cuentas per se (un aval parlamentario es deseable por principios republicanos, mas no mandatorio), los gobiernos suelen utilizar este instrumento legislativo para introducir modificaciones presupuestales con aplicación para el siguiente ejercicio. Es precisamente esta faceta la que sí demanda la aprobación legislativa. La Coalición Republicana, en el contexto actual, ha manifestado su decisión de no respaldar la propuesta gubernamental.

**¿Qué antecedentes existen?**
A lo largo de la historia democrática reciente, especialmente desde las elecciones de 1954, los gobiernos minoritarios han recurrido a la negociación para asegurar los votos necesarios tanto para el Presupuesto como para las subsiguientes rendiciones. No obstante, hubo una notable excepción a esta regla.

Esta excepción ocurrió en 1986, en referencia a la Rendición de Cuentas correspondiente a 1985. Las conversaciones entre el Partido Colorado, en el oficialismo con el presidente Julio María Sanguinetti y el vicepresidente Enrique Tarigo, y el Partido Nacional (Blancos), representado por operadores wilsonistas y el senador Guillermo García Costa, se extendieron por semanas en un clima de tensión. Un punto central de desacuerdo fue la propuesta de redistribución de funcionarios públicos, impulsada por Rubén Correa Freitas, director de Servicio Civil en ese momento, la cual era rechazada por los nacionalistas y obstaculizaba el acuerdo.

Las negociaciones se prolongaron hasta el límite del plazo constitucional en el Senado. Incluso se recurrió a la práctica de detener el reloj de la Cámara Alta para ganar tiempo, un gesto que en otras ocasiones había facilitado acuerdos y quitado dramatismo a la situación. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de los esfuerzos que se extendieron hasta la medianoche, no se lograron los votos necesarios.

**La «ley capicúa» como solución**
La salida a este impasse llegó días después, a través de lo que Ariel Davrieux, entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, denominó la «ley capicúa». Los partidos Colorado y Blanco concertaron una solución alternativa: un proyecto de ley separado que incorporaba los elementos que no habían podido ser aprobados dentro del marco de la Rendición de Cuentas original.

Este nuevo proyecto, que obtuvo el respaldo necesario, fue finalmente promulgado por el Poder Ejecutivo en la víspera de Navidad de 1986. Constó de 231 artículos y se registró como la Ley N.º 15.851, titulada «Se aprueban normas para asegurar el funcionamiento de los servicios estatales». El apelativo de «ley capicúa» se atribuyó a su numeración, y su artículo inicial dejaba en claro su propósito: «Las partidas establecidas en la presente ley son con cargo a los recursos de Rentas Generales previstos para financiar la Rendición de Cuentas de 1985 y a valores del 1º de enero de 1986».

La esencia del poder parlamentario radica en la autorización de los gastos e impuestos, reflejo de la voluntad de la mayoría. Aunque el gobierno actual no enfrenta la amenaza de quedarse sin presupuesto, cualquier intención de incrementar gastos o establecer nuevos impuestos requiere una aprobación legislativa. Para ello, necesita los dos votos adicionales en la Cámara de Diputados, que, según fuentes cercanas al Palacio Legislativo, podrían provenir de los legisladores del partido Cabildo Abierto.

Esta crónica se basa en una actualización de una columna publicada por Nelson Fernández en El Observador en febrero de 2017.

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