Este viernes, 26 de junio de 2026, el presidente Orsi convocó a su Consejo de Ministros a partir de las 10:00 horas. La agenda incluye la discusión y determinación sobre dos asuntos cruciales: la redistribución de fondos en la venidera Rendición de Cuentas y el empleo de unidades vehiculares del Ejército en apoyo a la Policía para la vigilancia de zonas metropolitanas de Montevideo con alta incidencia delictiva.

El ejecutivo ya ha establecido tres áreas prioritarias para la asignación de recursos en el proyecto de Rendición de Cuentas: la disminución de la pobreza en la infancia, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la atención a la población en situación de calle. Respecto a las solicitudes de mayor inversión para la educación pública por parte de los gremios docentes, el presidente indicó que, si bien se considera el análisis, las prioridades primordiales de asignación permanecen en las tres áreas previamente mencionadas.

En el ámbito de la seguridad, el Consejo de Ministros evaluará un informe conjunto presentado por las carteras de Interior y Defensa. Este documento detalla la propuesta de emplear vehículos blindados militares en tareas de patrullaje policial, focalizándose en barrios de Montevideo y su área metropolitana que registran los mayores índices de violencia y crímenes.

Sin embargo, esta medida ha generado controversia, particularmente por las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo (Partido Comunista), quien expresó en el programa televisivo «Arriba Gente» de Canal 10 que la «imagen de calles custodiadas por camiones militares no es favorable para la sociedad». El presidente Orsi, por su parte, replicó públicamente en una conferencia de prensa, afirmando que «la resolución ya ha sido tomada» y que el asunto no es de percepción, sino de «acción, se necesita una solución».

A pesar de estas discrepancias dentro del Poder Ejecutivo, la administración se abocará a determinar el marco legal para el despliegue de vehículos militares en el patrullaje urbano, los cuales serán operados por personal del Ejército. Las opciones incluyen la transferencia en comisión de soldados a la fuerza policial y la reglamentación específica de sus funciones para delimitar su rol en operaciones de seguridad interna.

Fuente: Enlace Original

El gremio de profesores de secundaria, Fenapes, lleva a cabo un paro nacional este jueves, acompañado de diversas movilizaciones en distintas zonas del país. Su principal demanda es que, durante la reunión del Consejo de Ministros del viernes, presidida por el presidente Orsi, se determine un incremento presupuestario para la educación dentro de la inminente Rendición de Cuentas.

Emiliano Mandasen, secretario general de Fenapes, informó este jueves sobre la magnitud de las acciones, mencionando «movilizaciones en todo el país, desde ocupaciones, talleres con padres, [hasta] barriadas». Añadió que el sindicato aguarda una respuesta del presidente respecto a la solicitud de reunión presentada por la coordinadora de sindicatos de la enseñanza.

En relación con la exigencia de mayores recursos económicos, Mandasen subrayó la necesidad de «inyectar más dinero en la educación» como parte del paquete destinado a la infancia. Concluyó enfatizando la urgencia de «quebrar esta desigualdad brutal que hay en la infancia y la adolescencia con un tercio por debajo de la línea de pobreza», y expresó la esperanza de que surjan «señales políticas» claras para fortalecer el presupuesto educativo, considerándolo «fundamental para esto».

Fuente: Enlace Original

Fuente: Enlace Original

La mesa coordinadora de entes, que agrupa a los sindicatos de trabajadores de empresas públicas, ha decidido convocar a un paro general para el próximo 8 de julio. La medida busca exigir un incremento en el presupuesto de estos organismos. Álvaro Goichea, miembro de la citada mesa sindical, confirmó que la acción ha sido ratificada y cada gremio definirá su modalidad de adhesión, garantizando la cobertura de servicios esenciales y situaciones de emergencia a través de guardias gremiales.

El representante sindical expresó su preocupación ante los anuncios de una Rendición de Cuentas que no prevé un aumento del gasto público global. Según Goichea, múltiples entidades y empresas estatales enfrentan una «falta de personal», y las convocatorias para nuevas incorporaciones «no logran satisfacer la demanda real» necesaria para asegurar una prestación de servicio adecuada.

Mientras las empresas públicas tienen hasta finales de julio para presentar sus solicitudes presupuestarias al Parlamento, el Poder Ejecutivo debe enviar su Rendición de Cuentas antes del 30 de junio. El Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) han establecido directrices claras, descartando un aumento neto del presupuesto general. En su lugar, se contemplan reasignaciones internas o interministeriales para priorizar fondos destinados a políticas de primera infancia, atención a personas en situación de calle y seguridad pública.

Fuente: Enlace Original

El Senado fue escenario este lunes 22 de junio de 2026, a partir de las 11:00 horas, de la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone. El titular de la cartera económica compareció ante la cámara alta para abordar la situación económica actual de Uruguay, sus proyecciones futuras y, de manera destacada, las modificaciones propuestas por el gobierno al sistema de las AFAP. La sesión fue impulsada por el senador Sergio Botana, del Partido Nacional.

Botana inició su cuestionamiento criticando lo que denominó el «país caro». Según el legislador nacionalista, la percepción del ministro de que «Uruguay siempre va a ser caro» solo se mantendrá si persisten «el gasto ilimitado, servicios públicos ineficientes» que requieren la duplicidad de contratar privados, y la protección a «importadores que imponen los márgenes que desean».

El senador blanco extendió sus reproches a la política monetaria y la estrategia de inserción internacional del gobierno. En este punto, Botana contrastó la capacidad de negociación del presidente brasileño Lula Da Silva con su homólogo estadounidense Donald Trump, frente a la inacción uruguaya, señalando que el país «no ha logrado ni siquiera una entrevista» con Trump. Asimismo, abordó la política de fronteras y la marcada disparidad de precios con países vecinos como Argentina y Brasil, describiéndola como «bien orientada, pero mal instrumentada». Ilustró con el ejemplo de la dificultad de legalización para quienes ganarían $6.000 y afrontarían un impuesto de $7.000, sentenciando: «Ni una foca agarra viaje». Lamentó el paso de una «política de Estado» a una «política de comité de base». Finalmente, el senador del Partido Nacional dirigió críticas al ministro de Trabajo, Juan Castillo, atribuyéndole una influencia adversa sobre la economía y la inversión, citando promesas como la reducción de la jornada laboral y la obligatoriedad del preaviso en despidos, además de acciones como el pago de seguro de paro al sector pesquero durante una huelga.

En su turno, el ministro Oddone inició su intervención detallando el panorama internacional y su repercusión multifacética en Uruguay, con énfasis en el ámbito económico. El jerarca hizo referencia a la «situación fiscal frágil» que encontró la administración al asumir el cargo, a pesar de que la inflación muestra una tendencia decreciente. En este marco, reconoció un crecimiento económico inferior a lo previsto, si bien enfatizó que «la economía se encuentra en movimiento».

Oddone también sostuvo que Uruguay posee una «matriz de protección social desenfocada», manifestada en un «sesgo etario» donde la pobreza se concentra en la infancia. Subrayó los retos del sistema previsional, mencionando que 700.000 individuos, debido a su inserción laboral formal intermitente, carecen de acceso a mecanismos de protección social por el diseño actual del sistema. Esta falencia, señaló, repercute en poblaciones vulnerables como las personas en situación de calle y la población carcelaria. Ante este escenario, el ministro detalló las metas del gobierno: «acelerar el crecimiento para potenciar la prosperidad y la cohesión social, reorientar el Estado de bienestar para optimizar la matriz de protección social y proveer los recursos necesarios para la seguridad».

Fuente: Enlace Original