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El Gabinete Ministerial, bajo la dirección del presidente Yamandú Orsi, sesionó este martes, 28 de abril de 2026, a partir de las 10 de la mañana. El objetivo central de la reunión fue examinar las conclusiones y las sugerencias resultantes del diálogo social en torno a posibles ajustes en el sistema de pensiones, lo que contempla revisiones a las AFAP.

Previo al encuentro, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, adelantó que «hoy se presentarían y posteriormente se analizarían las conclusiones» ante el Consejo de Ministros. Sánchez enfatizó en el programa Arriba Gente de Canal 10 que «no se prevé un cambio estructural en el sistema». Por el contrario, señaló que el proceso de diálogo social «culmina fortaleciendo el sistema basado en tres pilares, incluyendo el ahorro individual» administrado por las AFAP.

El secretario de Presidencia detalló que, una vez analizado el informe proveniente del diálogo social, el Consejo procederá a «diseñar un conjunto de propuestas para su posterior remisión al Parlamento». Explicó que el diálogo arrojó «tanto consensos como disensos», por lo que ahora corresponde al Poder Ejecutivo «evaluar y remitir una o varias iniciativas de ley». Aclaró que «no es indispensable que todo se integre en una única legislación», subrayando que las conclusiones y recomendaciones del proceso de diálogo social sirven como «guía para la elaboración de los instrumentos jurídicos pertinentes».

Entre las sugerencias más relevantes, Sánchez resaltó dos que considera particularmente beneficiosas. La primera es la opción de permitir que los ciudadanos, en caso de necesidad, puedan acceder a la jubilación a los 60 años, en lugar de aguardar hasta los 65. Aunque la edad de retiro general permanecerá en 65 años, se establecería una condición especial de jubilación anticipada a los 60 para individuos de bajos recursos que, por ejemplo, no logren mantener un empleo estable hasta los 65. La segunda recomendación destacada por Sánchez apunta a la unificación de las ayudas económicas destinadas a familias o personas de escasos recursos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este lunes, 27 de abril de 2026, a los cinco homicidios registrados durante el fin de semana. Aunque admitió que no están satisfechos con los resultados actuales, aseguró que las políticas implementadas están dando frutos, evidenciado por la disminución de delitos como homicidios, hurtos, rapiñas y abigeato.

Sánchez destacó que en 2025 se observó una reducción en la criminalidad tanto en comparación con 2024 como, y lo consideró más significativo, frente a la tendencia constante de crecimiento de los delitos durante las últimas dos décadas. No obstante, enfatizó que esta mejora no es motivo de conformidad, especialmente ante actos de violencia extrema, y reafirmó la necesidad de redoblar esfuerzos y mostrar empatía con las víctimas y sus familias.

Ante las objeciones de la oposición, incluyendo al diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, quien cuestionó la veracidad de las estadísticas gubernamentales, el secretario respondió con contundencia. Afirmó que, «independientemente de cómo se midan los datos, y utilizando los mismos parámetros del gobierno precedente, hay menos delitos que los registrados en aquel período». Aclaró, sin embargo, que esta reducción no es suficiente, dado que los niveles de violencia y delincuencia siguen siendo elevados, lo que exige una continua labor.

Respecto a las recientes estadísticas de seguridad del Ministerio del Interior y el panorama de las últimas dos décadas, Sánchez reiteró que se está recorriendo «un camino que está logrando cambiar la tendencia», aunque enfatizó la necesidad de seguir profundizando. A su juicio, es fundamental «fortalecer lo que está dando resultados», y consideró que el hecho de haber revertido una dinámica de «solo crecimiento de los delitos» que se mantuvo por 20 años, para ahora ver una disminución, indica que «se están haciendo algunas cosas bien». Este análisis se basa en las cifras difundidas por el Ministerio del Interior, que comparan el cierre de 2025 con los años 2024, 2020 y 2015, así como en reportes anteriores del gobierno de Lacalle Pou presentados en enero de 2025.

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El gobierno uruguayo está a la espera del dictamen de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) antes de decidir sobre un nuevo ajuste en el costo de los combustibles. La situación fue analizada recientemente en un encuentro en la Torre Ejecutiva, donde participaron el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Según fuentes gubernamentales citadas, la inminente actualización tarifaria se mantendrá dentro del margen de flotación del 7% establecido por el Ejecutivo. Esta medida se aplica a pesar del incremento en el precio internacional del petróleo, impulsado por factores como el bloqueo en el estrecho de Ormuz, que influyen directamente en el cálculo del precio de paridad de importación.

Aunque al inicio de la actual administración se estableció que los ajustes de precios serían bimensuales, el ministro Oddone había anunciado previamente un cambio a revisiones mensuales. Esta modificación responde a la escalada de los precios internacionales, exacerbada por conflictos bélicos.

Desde Tacuarembó, el presidente Yamandú Orsi se pronunció al respecto. El mandatario expresó su preocupación por las perspectivas poco optimistas que llegan desde Medio Oriente, mencionando específicamente el estrecho de Ormuz y la inquietante cifra de 100 dólares para el barril de petróleo Brent a nivel global.

Orsi resaltó que Uruguay ha logrado mantener uno de los incrementos más moderados en el costo de los carburantes a nivel regional. Recordó que la última suba, efectuada en abril, fue del 7%, el tope permitido por la franja de flotación establecida por el gobierno. Además, subrayó la solidez de Ancap y el funcionamiento del nuevo esquema diseñado para mitigar las fluctuaciones abruptas de precios.

El presidente aseguró que la situación es objeto de un seguimiento permanente e instó a la prudencia. «Es fundamental permanecer vigilantes, dado que la coyuntura es extremadamente volátil y no existen indicios claros de una mejora próxima», señaló, según declaraciones difundidas por Canal 5.

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La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) inició una interrupción completa de sus servicios este viernes, a partir de las 11:00 horas. Esta medida se mantendrá hasta la reanudación de las actividades con los primeros trayectos del sábado.

La decisión de paralizar las operaciones surge a raíz del impago de la porción restante del salario correspondiente a marzo, sumado al incumplimiento de los compromisos previamente establecidos en el calendario de pagos por parte de la compañía.

El gremio convocó a todos los empleados a congregarse en la terminal Río Branco para llevar a cabo una movilización.

Mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía, los empleados de Copsa destacaron que la problemática de los retrasos salariales es una constante que se ha visibilizado por más de catorce años. En este largo historial, han recibido el respaldo tanto de los usuarios como de las seccionales de la Unott y del PIT-CNT.

Asimismo, señalaron haber acudido en numerosas ocasiones a instancias como el Parlamento, juntas departamentales, ministerios e intendencias, sin obtener respuestas que resolvieran la situación de raíz. Subrayaron que, debido a los atrasos, sus familias padecen «incertidumbre y angustia» ante la ausencia de certidumbre económica, y ellos mismos son objeto de presiones por parte de entidades financieras y bancarias.

El sindicato afirmó haber evitado históricamente este tipo de acciones de fuerza en períodos delicados, pero que hoy se ven sin otra alternativa para el sustento de sus hogares. Demandan al gobierno la garantía del pago íntegro y puntual de los haberes, y al sector empresarial, que no utilice a los trabajadores como «rehenes» en sus disputas con el Poder Ejecutivo.

En un gesto de solidaridad, la ATC manifestó su apoyo al conductor de Ucot que fue víctima de un acto de violencia el jueves por la noche en Montevideo. «Condenamos enérgicamente los hechos violentos y convocamos a la sociedad a una profunda reflexión. Es imperativo no normalizar estas situaciones y denunciarlas públicamente. Confiamos en que las autoridades empresariales y gubernamentales actúen con la debida responsabilidad, brindando protección a los empleados del transporte y sancionando estas acciones inaceptables de ciertos individuos», declaró la ATC.

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