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El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, abordó este viernes la determinación gubernamental de rescindir administrativamente el acuerdo con el astillero Cardama. Esta medida se tomó «a raíz de las serias transgresiones legales» que la compañía ha cometido de forma reiterada.

Durante una entrevista, Díaz explicó que los incumplimientos incluyen la ausencia de una garantía de fiel cumplimiento adecuada y la provisión de documentación fraudulenta, lo que representa una «violación manifiesta del contrato». Subrayó que la garantía no solo era de carácter espurio, sino que la empresa tampoco cumplió con su deber de mantenerla vigente durante la duración del acuerdo.

El funcionario gubernamental detalló que Cardama fue informado sobre la falsedad de la garantía, se le comunicó la resolución pertinente y la intención de presentar una denuncia penal. Afirmó que el astillero «en ningún momento demostró la voluntad de realizar una presentación formal para la sustitución de dicha garantía». Díaz resaltó que el astillero nunca formalizó la entrega de otra garantía. «Actualmente, el Estado uruguayo carece de una garantía de fiel cumplimiento», aseveró.

Respecto a la garantía de reembolso económico, diseñada para asegurar que los fondos estatales destinados al astillero se utilizaran exclusivamente en la construcción de las dos patrullas oceánicas, el Ejecutivo dictaminó que el documento entregado por Cardama no constituía una póliza. El prosecretario explicó que, aunque los despachos jurídicos de la aseguradora confirmaron la existencia de una póliza real, el documento presentado inicialmente por Cardama no era tal. Al solicitar la póliza auténtica, se obtuvo un texto completamente distinto al original. Además, esta póliza, aparentemente, no cumpliría con la cláusula contractual que permite su reducción solo tras la entrega del primer buque.

Díaz añadió que la compañía aseguradora solicitó al astillero una contragarantía de aproximadamente 3 millones de euros. De la revisión documental se desprende que este monto fue abonado, de hecho, con fondos del Estado uruguayo, a través de tres desembolsos de cerca de 1 millón de euros que coincidieron con la culminación de los hitos contractuales. En otras palabras, «cada vez que se alcanzaba un hito y el Estado uruguayo realizaba un pago, el astillero entregaba un millón de euros a la reaseguradora». El jerarca concluyó que «aparentemente, una porción de los fondos previstos para la construcción de las embarcaciones se destinó a la creación de una contragarantía».

El prosecretario destacó que el convenio con Cardama, un contrato de suministro enmarcado en el TOCAF, se anula ahora por vía administrativa debido a una transgresión grave, conforme al artículo 70. «En consecuencia, desde la notificación efectuada en la fecha, el contrato queda sin efecto», enfatizó.

En lo concerniente a la audiencia de conciliación, pautada para el 16 de marzo, Díaz aclaró que la convocatoria atañe al Ministerio de Defensa Nacional y no a la Presidencia. Desde su perspectiva legal, consideró que dicha instancia sería «baldía», dado que el contrato ya no tiene validez tras su rescisión. «El gobierno uruguayo ya ha adoptado una determinación», afirmó. Explicó que la resolución fue debidamente comunicada y que se desarrolló un procedimiento administrativo donde se notificaron los actos al astillero y se le concedieron dos oportunidades para presentar sus descargos, los cuales, según Díaz, no abordaron los puntos señalados.

Interrogado sobre las críticas de la oposición, que califican la decisión como «política», Díaz recalcó que esta se fundamentó en consideraciones estrictamente jurídicas y técnicas. «La oposición ha estado planteando, desde hace días, una especie de discusión de índole política. Ese debate, como es debido, se desarrollará en el ámbito parlamentario», puntualizó.

El prosecretario identificó cuatro ámbitos de responsabilidad: la política, cuya evaluación recae en el Parlamento, donde previsiblemente se establecerá una comisión investigadora; la penal, competencia exclusiva de la Fiscalía, tras la denuncia interpuesta por el Poder Ejecutivo; la administrativa, que abarca posibles pesquisas internas, como las ya concluidas en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República, y la del Ministerio de Defensa Nacional, aún en curso; y la civil, que se iniciará con la demanda del Estado uruguayo contra Cardama para reclamar los daños y perjuicios y recuperar la inversión de aproximadamente 28 millones de euros.

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Un violento temporal que combinó granizo y fuertes vientos azotó la zona de Cebollatí, en Rocha, provocando estragos en las plantaciones de arroz. Las pérdidas iniciales se calculan en no menos de 5 millones de dólares, una cifra que fue comunicada por Néstor Santos, quien se desempeña como secretario regional de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) en Cebollatí.

Las evaluaciones realizadas hasta el jueves por la noche indican que entre 4.500 y 5.000 hectáreas dedicadas al cultivo del cereal resultaron completamente arrasadas. Santos manifestó su inquietud acerca de la cobertura de los seguros, recordando que un episodio semejante ocurrido años atrás llevó a la quiebra a varias aseguradoras. En declaraciones al programa «Arriba gente» de Canal 10, el dirigente de la ACA advirtió que la estimación actual de 5 millones de dólares podría llegar a duplicarse una vez que finalice el proceso de cuantificación total de los daños.

Según confirmó Santos, Guillermo O´Brien, presidente de la organización de Cultivadores, ya ha establecido comunicación con el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, para abordar la grave situación. El representante gremial añadió que la magnitud de la catástrofe ha dejado a numerosos productores en una situación crítica, algunos incluso “sin nada” y “en la calle”. Subrayó que este desastre natural agrava el complejo escenario que ya enfrentaban los arroceros debido a la baja en los precios del grano. «El 28 de febrero se establecerá el precio final del arroz correspondiente a las entregas de 2025. Esta determinación, en vista de la significativa disminución de los precios, conducirá a que muchos productores cierren sus cuentas en rojo», enfatizó con preocupación.

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La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) ha iniciado una acción de amparo con el objetivo de suspender las actividades de prospección sísmica destinadas a la búsqueda de petróleo en aguas uruguayas, previamente autorizadas por el Ministerio de Ambiente a diversas compañías.

Esta técnica de exploración, que examina el subsuelo marino, se emplea para identificar depósitos de hidrocarburos, entre otros fines. Las operaciones sísmicas programadas para 2026 son resultado de acuerdos contractuales firmados entre 2022 y 2024, suscritos entre Ancap y las compañías petroleras. Actividades similares, e incluso de mayor escala, ya se realizaron entre 2012 y 2017, con precedentes también en 1982 y 2002.

La Inddhh exige la detención de esta fase de exploración. Mariana Mota, presidenta de la institución, detalló que el recurso está dirigido contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ancap, y las empresas petroleras encargadas de ejecutar los trabajos.

Mota explicó que el amparo busca la suspensión de las prospecciones, basándose en la extensa evidencia presentada sobre los impactos ambientales que estas actividades generan. Subrayó que este impacto no es objeto de negación, siendo evidente y reconocido incluso por las propias empresas. Aunque las compañías proponen medidas de mitigación, estas han sido juzgadas como inadecuadas por la Inddhh. La presidenta enfatizó que la mitigación no elimina el daño, sino que solo busca reducirlo, y la cuestión central radica en el costo real de estas operaciones.

El documento legal señala que la operación utiliza cañones de aire comprimido, remolcados por embarcaciones, que producen explosiones que alcanzan entre 250 y 300 decibeles. Este estruendo puede propagarse por un área superior a los 300.000 kilómetros cuadrados. Sensores especiales registran los ecos para la recolección de datos.

El poder judicial dispone de un plazo de tres días para convocar una audiencia sobre el caso.

Aunque el gobierno no ha emitido declaraciones recientes sobre este amparo específico, en oportunidades previas ha manifestado haber intensificado las medidas de protección para la fauna marina, como ballenas, delfines, lobos y tortugas, estableciendo además una distancia mínima de mil metros para las operaciones respecto a estas especies.

**ANTECEDENTES JUDICIALES**

Previamente, en noviembre de 2025, la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil Socobioma habían presentado una medida cautelar de no innovar, buscando impedir la prospección sísmica y la exploración petrolera en aguas nacionales. Recientemente, un fallo judicial se pronunció sobre esta acción. El juez Federico Tobia dictaminó la incompetencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8º Turno para conocer la medida cautelar interpuesta por las entidades ecologistas.

Las organizaciones, a través de un comunicado, expresaron que la resolución judicial «no abordó el fondo de la pretensión», omitiendo pronunciarse sobre la posible ilegalidad de los contratos, su coherencia con el artículo 47 de la Constitución, la Ley 17.283, la Ley 19.128, así como la evaluación del riesgo ambiental o la aplicación del principio precautorio. Añadieron que la decisión se restringió a declarar que el asunto debía ser tratado en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las agrupaciones ambientalistas reafirman su propósito de buscar la nulidad absoluta de los contratos entre Ancap y las petroleras, argumentando que poseen causas y objetos ilícitos al transgredir normativas constitucionales y ambientales.`

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El titular de la cartera de Trabajo, Juan Castillo, confirmó la citación a la empresa BASF para una reunión a realizarse el próximo viernes, a raíz de la divulgación sobre una significativa reducción en su plantilla de personal.

Castillo expresó su malestar por la falta de comunicación formal por parte de la compañía. Subrayó que, a pesar de la amplia difusión mediática de la noticia durante los últimos dos o tres días, el ministerio no había recibido ninguna notificación oficial por parte de los empleadores. Fue esta omisión la que motivó el contacto y la posterior convocatoria a BASF para el encuentro del viernes.

El objetivo principal de la reunión es obtener detalles precisos sobre la magnitud de los ajustes previstos, incluyendo el número exacto de despidos o la aplicación de seguros de desempleo.

Interrogado sobre los argumentos de altos costos esgrimidos por el sector empresarial, el ministro declinó emitir un juicio definitivo. Señaló que si las razones se vinculan a aspectos económicos como la divisa o el valor del dólar, esas discusiones corresponden a otras instancias gubernamentales. Aclaró que, si bien está dispuesto a involucrarse, la premisa fundamental es la notificación temprana, y no el aviso posterior, especialmente cuando se prevé una afectación de un porcentaje significativo de la fuerza laboral, como un 20 o 30 por ciento.

En contraposición, Castillo afirmó que la competitividad del país reside en la calidad y capacitación de sus trabajadores, la seguridad jurídica y la seriedad de sus actores sociales, abarcando tanto a las cámaras empresariales como a las organizaciones sindicales.

El jerarca aprovechó la oportunidad para destacar la relevancia de una iniciativa legislativa en la que su cartera viene trabajando. Se trata de un proyecto que busca obligar a las empresas a notificar con antelación cualquier plan de despidos colectivos o cierres de operaciones. Castillo informó que el borrador final, elaborado junto al subsecretario Dr. Hugo Barreto, ya se encuentra en fase de revisión legal y será entregado al presidente de la República, Orsi, en los próximos días, para luego ser presentado al Parlamento.

«Nuestro país no debería enterarse de situaciones tan relevantes para sus trabajadores y su economía a través de rumores», sentenció Castillo. Hizo hincapié en que existen mecanismos y herramientas que deben ser activados para asegurar que el Estado y la ciudadanía uruguaya estén informados con anticipación sobre cualquier medida empresarial que pudiera tener un impacto significativo en el empleo y la economía nacional.

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Tres ministros clave tienen programado presentarse ante el Parlamento nacional la próxima semana. Los titulares de las carteras de Educación y Cultura, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores abordarán diversas cuestiones de interés nacional.

El 18 de febrero está prevista la asistencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. Su comparecencia responde a la convocatoria formal realizada por el senador Robert Silva, del Partido Colorado. Mahía estará acompañado por Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Silva ha manifestado su percepción de un «retroceso» en la esfera educativa desde el inicio de la gestión actual y cuestiona el plan gubernamental para establecer una Universidad de la Educación. El legislador colorado afirmó que el gobierno está «dando un giro» en materia educativa «sin fundamentos ni evaluaciones», lo que, a su juicio, «perjudica» especialmente a los sectores más vulnerables. Por ello, han citado a las autoridades para esta sesión.

Posteriormente, el jueves 19 de febrero, el canciller Mario Lubetkin será interpelado por el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional. El ministro de Relaciones Exteriores deberá responder sobre varios puntos críticos. En primer lugar, se le interrogará acerca de las «posturas y declaraciones» del gobierno uruguayo con respecto a los sucesos ocurridos en Venezuela. Un segundo eje de la interpelación se centrará en los «próximos pasos» en la gestión del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, el canciller será consultado sobre la determinación de Estados Unidos de suspender la emisión de visas de inmigrantes a su territorio para 75 naciones, incluyendo Uruguay.

Finalmente, el viernes 20, comparecerán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Esta citación, impulsada por la oposición y respaldada por el oficialismo, tiene como objetivo indagar sobre los lamentables decesos de menores que se encontraban bajo la tutela de la institución. El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, manifestó su «profunda preocupación» por estas pérdidas y denunció una «gestión deficiente» en el INAU.

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