TÍTULO: Ojeda Urge un «Combate Audaz» al Narcotráfico y Plantea Presencia Policial 24/7 en Barrios Específicos

CUERPO:
El legislador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, solicitó al ministro del Interior, Carlos Negro, la implementación de un despliegue policial constante, específicamente de la Guardia Republicana, en las zonas de Montevideo y otras localidades del país que registran mayores niveles de violencia y actividad criminal.

Ojeda manifestó que «se requieren estrategias de un carácter diferente» y expresó su intención de «formalizar la propuesta de intensificar la vigilancia policial en ciertos vecindarios». Subrayó que «es el momento de llevar a cabo una acción concreta y valiente contra el narcotráfico, enfrentándolo directamente». Añadió que considera «esencial una presencia ininterrumpida (24 horas al día, 7 días a la semana) de la Guardia Republicana por un período en los barrios más conflictivos de Montevideo y el resto del territorio».

«Debemos despojarnos del temor a confrontar a los narcotraficantes», enfatizó. El senador argumentó que «la coyuntura actual demanda un nuevo estándar de combate y confrontación frente al narcotráfico», haciendo referencia a la reciente admisión del ministro del Interior sobre el aumento de los homicidios en el segundo trimestre del año. «Ante el reconocimiento ministerial del incremento de los crímenes y lo que considera un rotundo fracaso en materia de seguridad, se hacen indispensables enfoques de otra índole», concluyó Ojeda.

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19 de junio de 2026, 15:38hs
El Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento el proyecto de ley para la competitividad y la disminución del costo de vida. Esta iniciativa busca inyectar dinamismo a la economía nacional, suprimiendo barreras burocráticas y promoviendo la inversión. El articulado, que suma 240 disposiciones, fue elaborado tras un proceso de amplio diálogo social y técnico.

La propuesta legislativa introduce herramientas novedosas como la unificación de registros, la aplicación del «silencio positivo» para establecer plazos máximos de respuesta estatal y la digitalización integral de los trámites comerciales. Adicionalmente, el plan prolonga la validez de los registros sanitarios a diez años y simplifica los requisitos de traducción, con el fin de que el Estado responda con mayor agilidad a las necesidades tanto de las empresas como de la ciudadanía.

Un enfoque central del proyecto reside en el alivio económico para los consumidores y el robustecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Entre las medidas más significativas para el beneficio directo de la población, figura la obligatoriedad de exhibir el precio por unidad de medida. Asimismo, la propuesta legal incentiva la libre competencia facilitando la importación múltiple de un mismo producto y otorga mayor autonomía a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Complementariamente, se subsidia un sistema integrado de gestión y facturación sin costo para apoyar el desarrollo de los pequeños emprendedores locales.

El proyecto también incluye secciones dedicadas a la protección en el ámbito de la salud. Propone una revisión continua de procesos y trámites para garantizar que cada requisito, paso y procedimiento aporte un valor real al objetivo de protección. Se establece que la buena regulación no se caracteriza por generar más pasos, sino por lograr mejores resultados.

La iniciativa será examinada primero en el Senado, para luego pasar a la Cámara de Representantes. El senador nacionalista Sergio Botana expresó que la ley de competitividad posee «buenas intenciones», aunque subrayó la importancia de analizar su viabilidad.

«Es una normativa bien orientada; considero positivo reducir la bucracia, impulsar la exportación y la competencia, y reducir el costo de vida. Este es el camino a seguir; esperamos que el gobierno avance en esa dirección», afirmó Botana. No obstante, el senador señaló que si bien desburocratizar el Estado es un desafío fundamental, la imposición de la guía de carga para las explotaciones agrícolas representa una contradicción.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, indicó que esta ley persigue la mejora de la competitividad, la agilización de trámites, la facilitación de las exportaciones e importaciones, y la reducción de costos. «Ahora el debate y la discusión quedan en manos del Parlamento, con la posibilidad de enriquecer sus contenidos», sostuvo Castillo, quien añadió que el proyecto contribuye a enfrentar el desafío de la burocracia.

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En los últimos días, el canciller Mario Lubetkin firmó una resolución para dar inicio a un sumario administrativo contra el excanciller Francisco Bustillo, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta medida incluye la separación del cargo y la retención del 50% de su sueldo, efectiva desde el 18 de junio de 2026.

Fuentes políticas, consultadas por Subrayado, revelaron que la determinación de Lubetkin se fundamenta en las repetidas negativas de Bustillo a prestar declaración ante el Departamento de Jurídica de la Cancillería. Dicha dependencia estaba a cargo de una investigación interna enfocada en la destrucción de documentación oficial vinculada al caso del pasaporte uruguayo entregado en Dubái al narcotraficante Sebastián Marset.

La investigación penal sobre la emisión del pasaporte era conducida por el fiscal Alejandro Machado. El año anterior, el fiscal había enviado un oficio a la Cancillería solicitando la recopilación de la mayor cantidad de documentos posible para avanzar en la causa.

A raíz de esta solicitud, Lubetkin decidió iniciar una investigación interna para determinar el alcance del faltante de documentos en Cancillería respecto al procedimiento de entrega del pasaporte a Marset, así como la presunta destrucción de documentos oficiales.

Los encargados de la investigación comenzaron a citar a funcionarios y autoridades del período comprendido entre 2021 y 2022. Entre las personas que declararon se encuentra el exdirector de Asuntos Jurídicos, Carlos Mata.

Bustillo fue convocado en una primera instancia y se negó a comparecer. Posteriormente, fue citado una segunda vez, pero también rehusó brindar detalles y, de hecho, comunicó a los investigadores que no asistiría a declarar y que no lo contactaran más por teléfono.

Ante esta persistente negativa, y asesorado por el Departamento Jurídico, el canciller Lubetkin resolvió iniciar el sumario contra Bustillo, que implica su separación del cargo y la retención de haberes. Bustillo es un funcionario diplomático de carrera y actualmente se encuentra en pase en comisión, desempeñándose como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola.

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El miércoles al mediodía, el presidente Yamandú Orsi visitó Las Piedras para presenciar el lanzamiento del programa gubernamental Más Barrio. Esta iniciativa busca implementar mejoras sociales y de infraestructura en diversas áreas y vecindarios del país que enfrentan desafíos socioeconómicos y de seguridad.

Durante un receso de la jornada, Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, solicitó a Silvana Nieves, coordinadora del programa Más Barrio, que expusiera al mandatario los pormenores de las acciones planificadas para Las Piedras. «Es importante que el presidente conozca nuestras tareas aquí», manifestó Sánchez, instando a Nieves a acercarse a Orsi y a los ministros acompañantes, Carlos Negro (Interior) y Tamara Paseyro (Vivienda).

Posteriormente, el presidente Orsi consultó a la ministra Paseyro si los proyectos de vivienda programados para Las Piedras representaban una continuación de un esquema iniciado en el anterior período en Canelones, época en la que él se desempeñaba como intendente. La ministra confirmó que sí.

Instantes más tarde, mientras se desplazaba, la prensa interrogó a Orsi acerca de las demandas ciudadanas recogidas durante su visita. El presidente respondió: “Que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años”.

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