Ana María Ferraris, quien preside la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), ha afirmado que su proceder en la investigación que atañe al presidente Yamandú Orsi, por la adquisición de su camioneta en febrero de 2025, justo antes de asumir el gobierno, será «conforme a derecho». «Mi compromiso con la ciudadanía es que votaré de acuerdo con la normativa, apegada a derecho. Somos un organismo de naturaleza técnica, con un marcado enfoque jurídico, y así es como actuaremos», sostuvo Ferraris este lunes en una entrevista para el programa «Arriba Gente» de Canal 10.

«Lo que deba ser resuelto, se resolverá; no puedo anticipar ningún criterio, pues no sería prudente de mi parte», agregó en relación con la pesquisa del denominado «caso Orsi», la cual es conducida por una abogada perteneciente al equipo jurídico de la Jutep.

Frente al señalamiento de que en otras instancias la mayoría oficialista de la Jutep (Ferraris y Alfredo Asti) se ha apartado de informes jurídicos, adoptando resoluciones distintas a las sugeridas por los profesionales de la Junta, la presidenta replicó: «Cuando uno decide distanciarse de un dictamen jurídico, debe hacerlo de manera fundamentada. Las veces que lo hemos hecho, ha sido con argumentos sólidos y un fuerte respaldo normativo que apoya nuestras decisiones».

Ferraris recordó que la Jutep recibió «entre tres y cuatro» denuncias anónimas sobre posibles irregularidades o faltas éticas en la compra de la camioneta por parte de Orsi en febrero de 2025. El vehículo fue adquirido con un descuento de 25.000 dólares, y para su pago, Orsi entregó una camioneta que había recibido como donación de una automotora durante su campaña electoral. Esa camioneta había sido ofrecida como primer premio en una rifa para recaudar fondos de campaña, pero al no venderse el número ganador, el entonces candidato a la Presidencia la retuvo. Días antes de asumir el gobierno, esta misma camioneta fue utilizada por Orsi como parte del pago de la nueva adquisición.

Desde el entorno del presidente se informó que, al presentar la rendición de cuentas de la campaña electoral, su equipo de comando entregó fondos excedentes al Frente Amplio, y que en dicha rendición se habría incluido el valor de la camioneta donada por la automotora. Esto habría legitimado la propiedad del vehículo a favor de Orsi, quien luego la usó para saldar parte de la nueva compra, efectuada en febrero de 2025. La flamante camioneta tenía un precio de venta al público de 79.000 dólares. Orsi la compró con un descuento de 25.000 dólares (una situación cuestionada por la oposición) y pagó una parte con la camioneta no sorteada en la rifa de campaña. El remanente fue abonado mediante transferencia bancaria.

Conocida esta situación, Orsi decidió donar la camioneta adquirida en febrero de 2025 a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el transporte de escolares.

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1 de agosto de 2026, 17:17hs

Este sábado por la mañana, la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno celebró una reunión en la Huella de Seregni. El encuentro contó con la presencia de figuras destacadas como la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, coordinadores de bancadas, y el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

Durante una conferencia de prensa posterior al evento, Pereira enfatizó la importancia de que la ciudadanía esté informada sobre los logros del gobierno y del Frente Amplio. Admitió que se han identificado «inconvenientes en la gestión política» que impiden que los avances, las metas alcanzadas y la implementación del programa gubernamental lleguen efectivamente a la sociedad. Según Pereira, el Frente Amplio enfrenta el desafío de no estar comunicando de manera óptima «la gran cantidad de cambios que se están produciendo en Uruguay».

Refiriéndose a las transformaciones impulsadas por el gobierno, el líder del FA subrayó que las 63 prioridades establecidas, centradas en un país productivo con justicia social y desarrollo democrático, se manifiestan en la creación de empleo, la legislación laboral y una política fiscal que grava a los sectores de mayores ingresos sin afectar a los de menores recursos. Indicó que, de aprobarse la rendición de cuentas, la pobreza en la franja de 0 a 3 años se reducirá un 25%. Además, resaltó el programa de becas más ambicioso en la historia de Uruguay y la expansión de las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, con el objetivo de cubrir a un tercio de la población estudiantil. Pereira aclaró que estas iniciativas no son aisladas, sino que buscan erradicar la pobreza infantil y generar oportunidades laborales adecuadas, llevando a una de las tasas de desempleo más bajas registradas.

Pereira afirmó que el 85% de las 63 medidas propuestas ya están en fase de implementación. Sin embargo, lamentó que, a pesar de estos avances, no se estén percibiendo adecuadamente en la sociedad, lo que sugiere una falta de eficacia en la «gestión política» para difundir estos logros donde se desea.

En relación con las conversaciones entre el gobierno uruguayo y Estados Unidos sobre la acogida de deportados cubanos, Pereira fue enfático: el Frente Amplio se opondrá «siempre» a cualquier deportación que atente contra los derechos humanos. Distinguió esta situación de la entrada voluntaria de ciudadanos uruguayos o extranjeros que deseen buscar asilo en Uruguay, una práctica tradicional del país. Criticó abiertamente la política migratoria del expresidente estadounidense Donald Trump, calificándola de «deplorable». Señaló que consiste en «encarcelar a personas sin haber cometido delito alguno, simplemente por residir en Estados Unidos, para luego intentar trasladarlas a otro país», una práctica que, a su juicio, «nadie debería respaldar».

Pereira concluyó su intervención señalando que la región latinoamericana atraviesa «una era de presión norteamericana sin precedentes desde los tiempos de las dictaduras».

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Fernando Rodríguez Sanguinetti, vicepresidente de la Caja de Profesionales, anunció que la institución presentará un recurso legal contra el decreto del Poder Ejecutivo que elimina el cobro del timbre profesional en las consultas médicas. El representante de la Caja expresó su lamento por la medida, argumentando que la exención de este gravamen en el sector de la salud debería haberse concretado por ley y no a través de un decreto. «Lamentablemente, lo vamos a impugnar; hubiéramos preferido negociar», indicó Rodríguez Sanguinetti.

El directivo recordó que la resolución de la Caja para establecer dicho cobro había sido adoptada hace aproximadamente un mes y medio, y desde ese momento venían buscando establecer contacto con el Poder Ejecutivo. A pesar de la decisión de recurrir el decreto, se confirmó una próxima reunión con el gobierno, a la cual, según Rodríguez Sanguinetti, asistirán con una actitud dialogante en la búsqueda de soluciones.

Desde la publicación del decreto en el Diario Oficial, la Caja de Profesionales cuenta con un plazo de diez días para formalizar la impugnación. Actualmente, el equipo jurídico de la institución, en colaboración con asesores externos, trabaja en la preparación del documento que será presentado. Rodríguez Sanguinetti enfatizó que están «convencidos que es legal y que es obligación del Directorio de la Caja cobrarlos y aplicar la ley». Subrayó además que están aplicando una normativa creada por el Parlamento y propuesta en su momento por el propio Poder Ejecutivo.

En paralelo, la Caja de Profesionales explora diversas propuestas para asegurar su sostenibilidad financiera. Entre las alternativas planteadas, figura la posibilidad de destinar una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los profesionales hacia la institución. Rodríguez Sanguinetti también cuestionó que el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) aportado por los profesionales universitarios jubilados se dirija al Banco de Previsión Social (BPS) en lugar de a la Caja de Profesionales. Otras iniciativas incluyen la incorporación de 50 nuevas profesiones al sistema de aportes y establecer la obligatoriedad de cotización a la Caja para todos los nuevos profesionales, independientemente de su condición de dependientes o independientes.

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El presidente Orsi, en declaraciones del 31 de julio de 2026, valoró positivamente el mensaje de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su reciente encuentro. «Me encantó, por supuesto nos pidió, bueno, tienen que ser más audaces y eso está bárbaro, que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso», señaló Orsi ante las consultas de la prensa.

Estas afirmaciones fueron realizadas el viernes al mediodía, durante la presentación de obras en el puente de La Concordia, que conecta Artigas y Quaraí, en la frontera con Brasil. En el evento, periodistas locales abordaron al mandatario sobre varios temas. Orsi optó por dar una respuesta concisa sobre su reunión con la jerarca del FMI, explicando que no quería distraer la atención de la significativa inauguración que tenía lugar en Artigas.

Adicionalmente, el presidente comentó haber recibido múltiples cartas y solicitudes de residentes de Artigas, tanto de forma individual como colectiva. «Me presentaron un montón de requerimientos», indicó, expresando su agrado por «recorrer el interior» del país.

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El senador del Frente Amplio, Gustavo González, miembro de la bancada socialista, manifestó su enérgico rechazo a la potencial llegada de ciudadanos deportados de Estados Unidos a Uruguay. Esta eventualidad, según fue confirmada por la Cancillería, se encuentra actualmente en discusión con la administración de Donald Trump.

González criticó haberse enterado de estas negociaciones a través de los medios, sin haber recibido comunicación oficial alguna. El legislador fue particularmente incisivo al referirse al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señalando que cualquier propuesta proveniente de él debe ser analizada con extrema cautela. Describió a Rubio como una figura «beligerante» y promotora de «la guerra y la represión». Además, el senador expresó preocupación por la implicación de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), un organismo conocido por su gestión migratoria en EE. UU. y por haber protagonizado, meses atrás, la «mayor represión» contra migrantes en dos décadas, resultando incluso en víctimas fatales.

El legislador enfatizó que, a su parecer, Uruguay debe mantener «las fronteras abiertas» para quienes deseen establecerse en el país. Sin embargo, diferenció claramente esta postura de la situación de los deportados, explicando que estos no llegan por elección propia, sino por una decisión externa que los obliga a retornar.

En un punto adicional, González rememoró cómo Estados Unidos «siempre acogió» a los cubanos que se oponían al régimen de su país, contrastando esta política con la actual intención de extraditar o deportar a algunos de ellos bajo la premisa de supuestas condenas. «No confío en el respeto a los derechos humanos de la ICE», afirmó, alertando sobre la posibilidad de que se hayan vulnerado garantías y de que las personas que llegarían a Uruguay lo hagan contra su voluntad. Calificó esta eventualidad como «un mal paso» para el país, instando al gobierno a realizar un análisis exhaustivo y a que el organismo asesor pertinente recomiende no avanzar con la propuesta.

Finalmente, el senador concluyó su intervención subrayando que, en materia de derechos humanos, «Estados Unidos no tiene autoridad moral» para dar lecciones a Uruguay, calificándolo como la nación que «hoy mantiene al mundo en conflicto».

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