El senador del Frente Amplio, Gustavo González, miembro de la bancada socialista, manifestó su enérgico rechazo a la potencial llegada de ciudadanos deportados de Estados Unidos a Uruguay. Esta eventualidad, según fue confirmada por la Cancillería, se encuentra actualmente en discusión con la administración de Donald Trump.

González criticó haberse enterado de estas negociaciones a través de los medios, sin haber recibido comunicación oficial alguna. El legislador fue particularmente incisivo al referirse al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señalando que cualquier propuesta proveniente de él debe ser analizada con extrema cautela. Describió a Rubio como una figura «beligerante» y promotora de «la guerra y la represión». Además, el senador expresó preocupación por la implicación de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), un organismo conocido por su gestión migratoria en EE. UU. y por haber protagonizado, meses atrás, la «mayor represión» contra migrantes en dos décadas, resultando incluso en víctimas fatales.

El legislador enfatizó que, a su parecer, Uruguay debe mantener «las fronteras abiertas» para quienes deseen establecerse en el país. Sin embargo, diferenció claramente esta postura de la situación de los deportados, explicando que estos no llegan por elección propia, sino por una decisión externa que los obliga a retornar.

En un punto adicional, González rememoró cómo Estados Unidos «siempre acogió» a los cubanos que se oponían al régimen de su país, contrastando esta política con la actual intención de extraditar o deportar a algunos de ellos bajo la premisa de supuestas condenas. «No confío en el respeto a los derechos humanos de la ICE», afirmó, alertando sobre la posibilidad de que se hayan vulnerado garantías y de que las personas que llegarían a Uruguay lo hagan contra su voluntad. Calificó esta eventualidad como «un mal paso» para el país, instando al gobierno a realizar un análisis exhaustivo y a que el organismo asesor pertinente recomiende no avanzar con la propuesta.

Finalmente, el senador concluyó su intervención subrayando que, en materia de derechos humanos, «Estados Unidos no tiene autoridad moral» para dar lecciones a Uruguay, calificándolo como la nación que «hoy mantiene al mundo en conflicto».

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que el próximo lunes 3 de agosto se habilitará nuevamente la agenda web para la inmunización contra el meningococo, dirigida a niños y adolescentes de entre 9 y 15 años. La directora de Salud del MSP, Laura Llambí, fue la encargada de dar a conocer la noticia, precisando que se podrán agendar día, hora y lugar para recibir la vacuna.

Esta nueva apertura se da tras el rápido agotamiento de los turnos en la anterior instancia. El lunes 27 de julio se había abierto el sistema de agendamiento para menores de 11 a 15 años, y los 4.000 cupos disponibles se completaron en apenas minutos. Para este lunes 3 de agosto, la agenda no solo se reabre para este grupo etario, sino que se amplía para incluir a los niños de 9 y 10 años.

Llambí adelantó que se duplicará la capacidad de turnos disponibles para el 3 de agosto, alcanzando las 8.000 dosis. Además, informó que a mediados de este mes arribarán al país cerca de 40.000 dosis, parte de un total de 300.000 vacunas adquiridas, que se espera estén en Uruguay antes de finalizar agosto.

La jerarca enfatizó que, con la llegada de estas dosis, se podrá cumplir plenamente con el objetivo de vacunar al público meta definido para esta etapa, los niños y adolescentes de 9 a 15 años. Cabe recordar que los menores de hasta dos años ya forman parte del esquema de vacunación contra esta bacteria. En ambos casos, la vacuna es gratuita y se administra en los vacunatorios habilitados a nivel nacional. Esta medida preventiva se intensifica luego de registrarse una treintena de casos y seis fallecimientos por meningococo en lo que va del año.

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28 de julio de 2026, 11:29hs

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, informó este martes que la Presidencia de la República ha establecido una instancia de coordinación y trabajo conjunto con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). El objetivo es diseñar medidas de prevención y mitigación ante la posibilidad de «eventos extremos», como inundaciones o temporales intensos, vinculados al fenómeno conocido como «Super Niño».

Este término se refiere a un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, el cual ya está generando patrones meteorológicos de gran severidad. Esto se manifiesta en precipitaciones copiosas en periodos breves o tormentas con ráfagas de viento muy potentes, impactando tanto a la región en general como a Uruguay en particular.

En una conferencia de prensa, Ortuño enfatizó que la meta es «preparar al país y (adoptar) las acciones necesarias para afrontar lo que, según todas las previsiones, podrían ser episodios climáticos severos en los próximos meses».

En este contexto, el Ministerio de Ambiente, a través de su Dirección Nacional de Agua, tiene la potestad de «emitir alertas frente a sucesos climáticos extremos, ya sean periodos de sequía o de inundaciones», precisó Ortuño.

Como parte de esta labor de preparación y articulación, ya se han llevado a cabo encuentros con el Inumet, el Sinae y el Congreso de Intendentes. «Estamos avanzando y nos estamos preparando», afirmó el jerarca, resumiendo: «Nos dedicaremos a formular estrategias y a realizar un seguimiento constante de los fenómenos meteorológicos en tiempo real».

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El gobierno de Uruguay ha dado inicio al proceso de acercamiento con fondos de inversión internacionales, de cara a la que sería su primera emisión de bonos en mercados extranjeros este año. Esta operación podría contemplar la colocación de títulos tanto en pesos uruguayos como en dólares. El Ministerio de Economía ha confiado la gestión de estas rondas de conversaciones a entidades financieras de renombre como Citigroup, el banco Itaú y Goldman Sachs, con el objetivo de establecer los términos y directrices de la transacción.

Este movimiento se enmarca en la necesidad de Uruguay de concretar colocaciones de deuda por un valor superior a los USD 5.000 millones durante el año. Hasta la fecha, el país ha recurrido al mercado local para sus emisiones, sin haber realizado aún ninguna en el ámbito internacional.

Previamente, los actores del mercado financiero habían expresado su interés en que Uruguay clarificara el contenido de su ley presupuestal, en un contexto donde se esperaba una gestión prudente del gasto público y no su incremento. En respuesta, el ejecutivo planteó al Parlamento una propuesta de aumento marginal en el gasto.

Otra preocupación significativa en los mercados financieros giraba en torno a la posible implementación de un plan para transferir la administración de las cuentas de ahorro previsional al Estado, una función que actualmente ejercen empresas especializadas. Sin embargo, el gobierno decidió revertir esta iniciativa, manteniendo la gestión de dichas cuentas y las carteras de bonos en manos de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), tal como ha sucedido durante las últimas tres décadas.

Uruguay, por su parte, enfatiza ante los inversores su atractiva baja prima de riesgo y las sólidas calificaciones de deuda otorgadas por agencias internacionales como Moody’s, S&P y Fitch. Según información previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la operación podría también abarcar una estrategia de gestión de pasivos, orientada a bonos globales en ambas monedas y a letras de regulación monetaria emitidas por el Banco Central.

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El gobierno de Uruguay, a través de su Cancillería, manifestó este domingo su inquietud por las recientes afirmaciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, las cuales «ponen en tela de juicio la celebración de elecciones nacionales» en la nación centroamericana. Ortega había declarado hace una semana, de forma contundente: «Que se olviden, acá no va a haber elecciones».

Ante esta situación, Uruguay reiteró su postura oficial: «Reafirmamos nuestra posición en el sentido de que el pueblo nicaragüense tiene el derecho soberano a ejercer su voluntad mediante comicios libres, plurales y periódicos, en estricto cumplimiento de sus normativas constitucionales y los valores fundamentales de la integración regional».

Las polémicas declaraciones de Ortega buscan, según analistas, obstaculizar cualquier ascenso de la oposición al poder. En el marco de la conmemoración del 47.º aniversario de la revolución sandinista, el líder nicaragüense sentenció que «no volverá a haber elecciones» y adelantó la promoción de nuevas legislaciones para limitar la acción de sus detractores.

Ortega, quien cuenta con 80 años de edad, ejerce el poder presidencial desde el año 2007, compartiendo la administración del país con su esposa, Rosario Murillo, quien actualmente ostenta el cargo de copresidenta.

Una reforma constitucional implementada en 2025 consolidó aún más la autoridad en el Ejecutivo, suprimiendo la autonomía de los otros poderes del Estado. Previamente, una modificación a la Carta Magna ya había extendido el periodo presidencial hasta 2027, posponiendo así los comicios generales que estaban previstos para el año en curso.

El régimen de Ortega ha sido objeto de severas críticas por parte de organizaciones internacionales debido a la represión de las manifestaciones de 2018, que, de acuerdo con la ONU, resultaron en más de 300 fallecidos. Durante los últimos años, numerosos opositores políticos, periodistas, figuras religiosas e intelectuales han sido encarcelados o empujados al exilio. Por su parte, el presidente nicaragüense argumenta que estas acciones son intentos de desestabilización apoyados por Estados Unidos. (Con información de AFP)

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