La mesa coordinadora de entes, que agrupa a los sindicatos de trabajadores de empresas públicas, ha decidido convocar a un paro general para el próximo 8 de julio. La medida busca exigir un incremento en el presupuesto de estos organismos. Álvaro Goichea, miembro de la citada mesa sindical, confirmó que la acción ha sido ratificada y cada gremio definirá su modalidad de adhesión, garantizando la cobertura de servicios esenciales y situaciones de emergencia a través de guardias gremiales.

El representante sindical expresó su preocupación ante los anuncios de una Rendición de Cuentas que no prevé un aumento del gasto público global. Según Goichea, múltiples entidades y empresas estatales enfrentan una «falta de personal», y las convocatorias para nuevas incorporaciones «no logran satisfacer la demanda real» necesaria para asegurar una prestación de servicio adecuada.

Mientras las empresas públicas tienen hasta finales de julio para presentar sus solicitudes presupuestarias al Parlamento, el Poder Ejecutivo debe enviar su Rendición de Cuentas antes del 30 de junio. El Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) han establecido directrices claras, descartando un aumento neto del presupuesto general. En su lugar, se contemplan reasignaciones internas o interministeriales para priorizar fondos destinados a políticas de primera infancia, atención a personas en situación de calle y seguridad pública.

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El Senado fue escenario este lunes 22 de junio de 2026, a partir de las 11:00 horas, de la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone. El titular de la cartera económica compareció ante la cámara alta para abordar la situación económica actual de Uruguay, sus proyecciones futuras y, de manera destacada, las modificaciones propuestas por el gobierno al sistema de las AFAP. La sesión fue impulsada por el senador Sergio Botana, del Partido Nacional.

Botana inició su cuestionamiento criticando lo que denominó el «país caro». Según el legislador nacionalista, la percepción del ministro de que «Uruguay siempre va a ser caro» solo se mantendrá si persisten «el gasto ilimitado, servicios públicos ineficientes» que requieren la duplicidad de contratar privados, y la protección a «importadores que imponen los márgenes que desean».

El senador blanco extendió sus reproches a la política monetaria y la estrategia de inserción internacional del gobierno. En este punto, Botana contrastó la capacidad de negociación del presidente brasileño Lula Da Silva con su homólogo estadounidense Donald Trump, frente a la inacción uruguaya, señalando que el país «no ha logrado ni siquiera una entrevista» con Trump. Asimismo, abordó la política de fronteras y la marcada disparidad de precios con países vecinos como Argentina y Brasil, describiéndola como «bien orientada, pero mal instrumentada». Ilustró con el ejemplo de la dificultad de legalización para quienes ganarían $6.000 y afrontarían un impuesto de $7.000, sentenciando: «Ni una foca agarra viaje». Lamentó el paso de una «política de Estado» a una «política de comité de base». Finalmente, el senador del Partido Nacional dirigió críticas al ministro de Trabajo, Juan Castillo, atribuyéndole una influencia adversa sobre la economía y la inversión, citando promesas como la reducción de la jornada laboral y la obligatoriedad del preaviso en despidos, además de acciones como el pago de seguro de paro al sector pesquero durante una huelga.

En su turno, el ministro Oddone inició su intervención detallando el panorama internacional y su repercusión multifacética en Uruguay, con énfasis en el ámbito económico. El jerarca hizo referencia a la «situación fiscal frágil» que encontró la administración al asumir el cargo, a pesar de que la inflación muestra una tendencia decreciente. En este marco, reconoció un crecimiento económico inferior a lo previsto, si bien enfatizó que «la economía se encuentra en movimiento».

Oddone también sostuvo que Uruguay posee una «matriz de protección social desenfocada», manifestada en un «sesgo etario» donde la pobreza se concentra en la infancia. Subrayó los retos del sistema previsional, mencionando que 700.000 individuos, debido a su inserción laboral formal intermitente, carecen de acceso a mecanismos de protección social por el diseño actual del sistema. Esta falencia, señaló, repercute en poblaciones vulnerables como las personas en situación de calle y la población carcelaria. Ante este escenario, el ministro detalló las metas del gobierno: «acelerar el crecimiento para potenciar la prosperidad y la cohesión social, reorientar el Estado de bienestar para optimizar la matriz de protección social y proveer los recursos necesarios para la seguridad».

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TÍTULO: Ojeda Urge un «Combate Audaz» al Narcotráfico y Plantea Presencia Policial 24/7 en Barrios Específicos

CUERPO:
El legislador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, solicitó al ministro del Interior, Carlos Negro, la implementación de un despliegue policial constante, específicamente de la Guardia Republicana, en las zonas de Montevideo y otras localidades del país que registran mayores niveles de violencia y actividad criminal.

Ojeda manifestó que «se requieren estrategias de un carácter diferente» y expresó su intención de «formalizar la propuesta de intensificar la vigilancia policial en ciertos vecindarios». Subrayó que «es el momento de llevar a cabo una acción concreta y valiente contra el narcotráfico, enfrentándolo directamente». Añadió que considera «esencial una presencia ininterrumpida (24 horas al día, 7 días a la semana) de la Guardia Republicana por un período en los barrios más conflictivos de Montevideo y el resto del territorio».

«Debemos despojarnos del temor a confrontar a los narcotraficantes», enfatizó. El senador argumentó que «la coyuntura actual demanda un nuevo estándar de combate y confrontación frente al narcotráfico», haciendo referencia a la reciente admisión del ministro del Interior sobre el aumento de los homicidios en el segundo trimestre del año. «Ante el reconocimiento ministerial del incremento de los crímenes y lo que considera un rotundo fracaso en materia de seguridad, se hacen indispensables enfoques de otra índole», concluyó Ojeda.

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19 de junio de 2026, 15:38hs
El Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento el proyecto de ley para la competitividad y la disminución del costo de vida. Esta iniciativa busca inyectar dinamismo a la economía nacional, suprimiendo barreras burocráticas y promoviendo la inversión. El articulado, que suma 240 disposiciones, fue elaborado tras un proceso de amplio diálogo social y técnico.

La propuesta legislativa introduce herramientas novedosas como la unificación de registros, la aplicación del «silencio positivo» para establecer plazos máximos de respuesta estatal y la digitalización integral de los trámites comerciales. Adicionalmente, el plan prolonga la validez de los registros sanitarios a diez años y simplifica los requisitos de traducción, con el fin de que el Estado responda con mayor agilidad a las necesidades tanto de las empresas como de la ciudadanía.

Un enfoque central del proyecto reside en el alivio económico para los consumidores y el robustecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Entre las medidas más significativas para el beneficio directo de la población, figura la obligatoriedad de exhibir el precio por unidad de medida. Asimismo, la propuesta legal incentiva la libre competencia facilitando la importación múltiple de un mismo producto y otorga mayor autonomía a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Complementariamente, se subsidia un sistema integrado de gestión y facturación sin costo para apoyar el desarrollo de los pequeños emprendedores locales.

El proyecto también incluye secciones dedicadas a la protección en el ámbito de la salud. Propone una revisión continua de procesos y trámites para garantizar que cada requisito, paso y procedimiento aporte un valor real al objetivo de protección. Se establece que la buena regulación no se caracteriza por generar más pasos, sino por lograr mejores resultados.

La iniciativa será examinada primero en el Senado, para luego pasar a la Cámara de Representantes. El senador nacionalista Sergio Botana expresó que la ley de competitividad posee «buenas intenciones», aunque subrayó la importancia de analizar su viabilidad.

«Es una normativa bien orientada; considero positivo reducir la bucracia, impulsar la exportación y la competencia, y reducir el costo de vida. Este es el camino a seguir; esperamos que el gobierno avance en esa dirección», afirmó Botana. No obstante, el senador señaló que si bien desburocratizar el Estado es un desafío fundamental, la imposición de la guía de carga para las explotaciones agrícolas representa una contradicción.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, indicó que esta ley persigue la mejora de la competitividad, la agilización de trámites, la facilitación de las exportaciones e importaciones, y la reducción de costos. «Ahora el debate y la discusión quedan en manos del Parlamento, con la posibilidad de enriquecer sus contenidos», sostuvo Castillo, quien añadió que el proyecto contribuye a enfrentar el desafío de la burocracia.

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